Escucha esta nota aquí

La decisión del Ministerio de Defensa griego de modernizar cinco aviones P-3 Orion de la Marina por un coste de 500 millones de dólares ha provocado gran polémica en un periodo en que Grecia afronta serios problemas de liquidez.

Se trata de cazasubmarinos de 35 años, que el Estado heleno adquirió de segunda mano en 1992 y que desde 2009 están inmovilizados.

De la modernización, que durará siete años, se encargará la empresa norteamericana "Lockheed Martin" y por sus servicios ha percibido ya un anticipo de 45 millones de dólares.

Crisis económica 

Es la primera compra de armamentos desde el estallido de la crisis y la decisión gubernamental ha provocado las reacciones de la oposición que ha cuestionado la necesidad de esta inversión y la falta de transparencia del procedimiento.

Kostas Tasulas, responsable de Política Exterior y Defensa de la conservadora Nueva Democracia, el principal partido de la oposición, calificó la decisión de "hipocresía imparable".

Tasulas acusó al Gobierno de pagar inmediatamente por una compra de armamento "que no es prioritaria", mientras no afronta los pagos internos del país.

200 millones para crisis humanitaria 

"El Gobierno destinó tan solo 200 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria, pero paga 500 millones sin ni siquiera informar al Parlamento", declaró el líder del partido centrista To Potami, Stavros Theodorakis.

La decisión provocó además reacciones en el seno del Ejecutivo griego.
Según el periódico "Ta Nea", tanto el ministro adjunto de Defensa, Kostas Ísijos, como el viceministro, Nikos Toskas, se opusieron a este contrato, aunque ambos desmintieron esta información en un comunicado común.

Defienden la posición 

El ministro de Defensa, Panos Kamenos, por su parte, defendió la decisión en la televisión privada "Star", con el argumento de que el Gobierno "no puede dejar las operaciones de supervisión y de rescate en el (mar) Egeo en manos de los turcos".

Kamenos añadió que la modernización de estos aviones tiene lugar para respetar "las obligaciones del país con la OTAN", y que su coste es "exactamente el mismo que el aprobado por el Gobierno de Samarás".
"Fue Dendias quien pidió a los norteamericanos aplazar la firma del contrato tres meses", recalcó Kamenos y precisó que el contrato "forma parte de un acuerdo bilateral" con los Estados Unidos y por eso no incluye pagos a intermediarios.

El viceministro de Defensa recalcó que los vendedores de armas incluso consiguieron imponer una política exterior "que siempre acababa con compras de armamentos".