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La detención de los primeros presuntos implicados en los sobornos de Camargo Correa por la carretera entre Roboré y Arroyo Concepción no causó un remolino en el campo político. Tanto el oficialismo como la oposición lo separó del 21-F y hay hasta cierto consenso en que existen los suficientes indicios para abrir una investigación judicial que llegue al fondo del caso, ocurrido entre 2003 y 2006, durante la construcción de la carretera entre Santa Cruz y Puerto Suárez.

En lo que difieren ambos bandos políticos es dónde está el fondo de la cuestión. Para Susana Rivero, diputada que encabezó la comisión congresal que indagó el caso, el fondo está en la lista de posibles implicados que entregó la Comisión entre sus conclusiones, pero para el senador opositor y candidato presidencial por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, está un poco más profundo y toca a la administración de Evo Morales.

Luis Humberto Landívar Pereira y Roberto Saavedra fueron detenidos en Santa Cruz y trasladados a La Paz donde hoy serán puestos ante un juez cautelar. Para Ortiz, esta es una oportunidad para esclarecer el caso, para que la Fiscalía emita una información amplia, pero le extraña que recién se actúe, cuando la comisión terminó su trabajo el año pasado.

Rivero recuerda que en enero de este año el Ministerio Público designó los fiscales para hacerse cargo del caso y que, por ley, tienen seis meses para la etapa investigativa, por lo que ve normales los plazos de actuación.

Ortiz reclama que el Movimiento Al Socialismo se haya negado a investigar el conjunto de las empresas brasileñas que trabajaron en Bolivia, como OAS, y asegura que los pagos de Camargo Correa, Odebrecht y OAS se hicieron durante el Gobierno del MAS y cree que debió implicarse en la investigación a Patricia Ballivián, expresidenta de ABC, que participó en la firma y la ejecución de los contratos.

El informe congresal de Lava Jato asegura que se refiere a las construcciones no solo al tramo bioceánico, sino también al San Ignacio de Moxos-Villa Tunari y a la de Potosí-Tarija-Villazón, en las que participaron OAS y Queiroz Galvao. Sin embargo, en sus conclusiones solo se implica a gente del tramo Roboré-Arroyo Concepción. Rivero recuerda que la indagación de la Asamblea comenzó luego de una nota publicada en EL DEBER y asegura que se encontraron indicios muy fuertes contra varias personas. Explica que comenzaron con una lista de más de 75 posibles implicados y que luego fue reducida a una decena. Dice que Ballivián no quedó entre los apuntados por la Comisión porque no se verificó que tomó decisiones ejecutivas, adjudicó obras, firmó contratos, viajó en momentos clave o tuvo movimientos de cuentas sospechosos durante el período de contratación de esta carretera.

Uno de los nombres de esta lista es el de Carlos Mesa. Ayer se contactó a su abogado -y también mencionado por el informe de la comisión- Carlos Alarcón, pero prefirió no emitir criterios hasta conversarlo con el expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana.

Para Arturo Murillo, senador de UD, se debe ser propositivo y no tratar de amedrentar a la gente con detenciones hasta que las investigaciones estén avanzadas. “No sé si era necesario detener ahora a estas dos personas, no sé si vayan a aportar un montón de datos, pero hay que hacer la investigación que el país se merece”, dijo.

Según Rivero, los involucrados en el Lava Jato peruano confesaron que el pago se daba en el momento de adjudicación de la obra. “En Bolivia, las negociaciones iniciaron a mediados de 2003 y se concretaron-amarraron en enero y febrero 2005. El mismo día se adjudicaron y se firmaron los contratos principales”, aseguró.