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El húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic, que fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado en 2009 contra la seguridad del Estado, fueron evacuados de Bolivia en una operación secreta con la ayuda del ministerio de Exteriores húngaro.

La operación, en la que también participó una organización caritativa baptista denominada La caridad, se realizó el viernes por la tarde en la localidad chilena de Chungará, cercana a la frontera con Bolivia, después de que las autoridades locales no les hayan devuelto sus pasaportes a pesar de que en marzo salieron en libertad al cumplir una condena de cinco años y diez meses de prisión.

La Caridad señaló que Tóásó y Tadic "no sentían su propia vida segura en Bolivia, por lo que pidieron ayuda de Hungría".

La operación se realizó "evitando la atención de los servicios de seguridad bolivianos" y los dos llegarán a Hungría en los próximos días, desde Chile, donde se encuentran actualmente, señala la agencia húngara MTI.

Toasó y Tadic fueron condenados el pasado 20 de febrero a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado en 2009 contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.

Previamente, admitieron su complicidad en ese delito y se sometieron a un proceso judicial abreviado, producto de un acuerdo con una comisión de fiscales que investigó el caso.

Tóásó, de 35 años, y Tadic, de 61, fueron capturados el 16 de abril de 2009 durante un operativo policial contra un supuesto grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

La acusación y el Gobierno boliviano sostienen que ese grupo armado preparaba un plan secesionista financiado por líderes opositores de Santa Cruz, el principal bastión de la oposición de Evo Morales.

La evacuación de Tóásó y Tadic se conoce precisamente una semana después de que el coronel de las Fuerzas Armadas (FFAA), Germán Cardona, se marchara a España solicitando asilo por considerarse un perseguido político por el gobierno de Morales.

Cardona elevó a sus superiores un documento que denominó ultra secreto en el que dijo que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; "una Delegada Presidencial" y el hermano del Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, habrían recogido un lote de armas de la Octava División de las FFAA que después habrían sido utilizadas como pruebas para incriminar a la célula dirigida por Rózsa.