“Renunciar de manera expresa y pública a la membrecía en cualquier logia”, dice uno de los 17 requisitos redactados por la Comisión Mixta de la Asamblea Plurinacional que seleccionará a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de entre los 306 postulantes registrados. Dicho requisito causó polémica en Santa Cruz, pues algunos expresidentes del Comité pro Santa Cruz han calificado este veto como ‘discriminatorio’, mientras que otros lo admiten como ‘aceptable’ o ‘coherente’.

“Es discriminatorio. ¿Se imagina a una persona que pertenece a la Gran Logia Masónica de Bolivia… ¿qué va a hacer? Aunque sea un buen profesional, una figura notable, no puede postularse, está discriminado”, criticó Fernando Castedo, exvocal de la desaparecida Corte Departamental Electoral cruceña y exlíder cívico.

Para Castedo el génesis de la discriminación está en la norma. La Ley del Órgano Electoral Plurinacional define la pauta con que la comisión de 15 congresistas lanzó la convocatoria para profesionales ‘notables’.
Según Castedo, la obligatoriedad de hablar una segunda lengua oficial del país —otro de los 17 requisitos— es también una forma de discriminar.

Desde la década de 1990, en Santa Cruz se denunció la intervención de organizaciones secretas que actuaban políticamente —detrás de instituciones privadas y cooperativas— para dirigir los destinos de la región, a manera de grupos de poder conocidos como Caballeros del Oriente y Toborochi.

En La Paz se denunció la existencia de una logia de similares características —TAU— con influencia en diferentes gobiernos.

Se caldea el debate
Róger Montenegro, actual presidente del Comité Cívico cruceño, a través de su equipo de comunicación, dijo a EL DEBER que “si existen logias en Santa Cruz o en La Paz, son secretas. Entonces, ¿cómo se va a impugnar a sus miembros, si son organizaciones secretas? ¿Cómo comprobar que pertenecen a una logia?”, cuestionó.

Por otro lado, Montenegro coincidió en que es “discriminación” si este requisito veta a los profesionales que pudieran pertenecer a la Gran Logia de Bolivia, dado que “es el mismo Estado el que le concedió personería jurídica y es abierta”.

Para el expresidente cívico Carlos Dabdoub, el requisito que pide renunciar a los logieros es “coherente y aceptable” porque “en democracia, todas las organizaciones deben ser abiertas y transparentes”.

El analista político Gustavo Pedraza considera que “parecería que no ha habido suficiente debate” en la Asamblea Plurinacional a la hora de redactar este requisito, pues “en Santa Cruz todos sabemos que hay logias y grupos de poder pero nadie se reconoce públicamente como miembro, entonces —en coincidencia con Montenegro, dice— ¿cómo hacemos para impugnar a un logiero con pruebas”, ironizó