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La sombra del nepotismo, presuntas compras de equipos e insumos con sobreprecio y otras irregularidades, como el caso de funcionarios que perciben sueldos de profesionales sin contar con título profesional, envuelven a la Caja Nacional de Salud (CNS) regional Santa Cruz.

Las denuncias ya son de conocimiento del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Anticorrupción, que la semana pasada envió una comisión para recabar documentación al respecto, dentro del proceso de intervención de las cajas del país.

Una de las irregularidades tiene que ver con casos de supuesto nepotismo que involucra al menos a 70 funcionarios, a quienes se los sindica de tener entre uno y más parientes trabajando en la misma entidad.

Según documentación a la que accedió EL DEBER, esta situación fue denunciada el año pasado ante el gerente general de la institución, René Bustillos, a través de una carta, fechada el 29 de julio, en la que se le envía un listado con los nombres de los funcionarios que tienen parientes en la institución. Aquella vez se le solicitó que se haga una auditoría especial al respecto.

En dicha nómina figuran dirigentes sindicales, funcionarios administrativos, profesionales, médicos y otros trabajadores. Por ejemplo, se señala el nombre de un dirigente sindical, cuya esposa e hija también trabajan en la CNS.

Presunto sobreprecio
Las compras para el equipamiento del hospital Obrero, de 400 camas, ubicado en el tercer anillo, entre las avenidas Paraguá y Mutualista, además de algunos contratos de servicios, también están en la mira de las autoridades.

Se conoció que la comisión del Ministerio de Transparencia, que estuvo hasta el jueves recabando información en la CNS, requirió documentación relacionada con el proceso de licitación de imagenología y mobiliario médico, sobre la licitación de equipos médicos para el mismo nosocomio, además, de documentación sobre la licitación pública para la provisión del servicio de fumigación de las instalaciones de la entidad, entre otros requerimientos.

Uno de los procesos observados es, por ejemplo, la licitación pública para la adquisición de equipos y maquinarias del comedor del hospital Obrero, cuya comisión calificadora fue encabezada por el director de dicho hospital, Iván Javier Echalar. Sobre este tema, el administrador regional, Enrique Conde, solicitó, incluso, que se haga una auditoría especial a los precios referenciales.

La documentación a la que accedió EL DEBER muestra que entre los equipos que se incluyeron en este proceso hay cuatro refrigeradores, de 300 litros que fueron adquiridos por un valor de Bs 100.000, es decir, a Bs 25.000 cada uno. Estos electrodomésticos llegan a costar entre Bs 4.500 y Bs 6.000 en el mercado local.

Más sobre el personal
En otro documento, se hace referencia a los funcionarios que están categorizados como profesionales, pero que no tienen título en provisión nacional, siendo este el caso de 11 funcionarios de planta, que tienen cargos de jefaturas y de supervisores.

EL DEBER intentó conocer el viernes la versión del director del hospital, pero esto no fue posible. Su secretaria indicó que se encontraba ocupado. También se buscó al gerente regional Conde, pero su asistente dijo que había viajado a Montero, por lo que que pidió buscarlo el lunes.

Entretanto, Johnny Argote, de la Federación Nacional de Trabajadores de la CNS, que fue consultado sobre los casos de nepotismo, dijo: “Por responsabilidad no puedo dar declaraciones al respecto, mientras que la intervención del Ministerio de Transparencia no arroje resultados”.

El Ministerio de Transparencia intervino la CNS en diciembre del año pasado ante denuncias de supuesta corrupción. Aquella vez la ministra del área, Nardy Suxo, indicó que la intervención administrativa iba a contrastar con la información recabada desde mediado de ese año.

“Hemos hecho un trabajo previo desde julio, silencioso, sin prensa, haciendo relevamiento de información a nivel nacional, hemos entregado un informe de este trabajo previo al Ministerio de Salud y a la COB”, señaló en aquella ocasión la autoridad.

Suxo adelantó que en el relevamiento de datos se encontraron irregularidades, tales como: el hecho de que el 60% es personal administrativo y el 40% es personal médico, además de la adquisición y la licitación de medicamentos que no requerían los pacientes