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La Procuraduría Anticorrupción de Perú celebró este domingo la decisión de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia de rechazar, en primera instancia, el pedido de refugio que hizo en ese país el empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente peruano, Ollanta Humala.

El organismo indicó, en un comunicado, que aplaude la decisión "por ser pronta" y añadió que entiende "que obedece a un análisis estrictamente jurídico y por lo mismo válido tanto para el derecho interno boliviano como para el Derecho Internacional y, en especial, para el Derecho Internacional de los Refugiados".

Recordó que las normas bolivianas sobre protección de personas
refugiadas se ajustan a los estándares internacionales y "es claro
en sus cláusulas de exclusión".


Las personas "no tendrán la condición de refugiado cuando existen
motivos fundados para considerar que se ha cometido un grave delito
común
fuera del país de refugio", añadió.

La Procuraduría recordó, en ese sentido, que Belaunde Lossio está
siendo investigado
en dos procesos penales en Perú, a cargo de la
Fiscalía especializada en delitos de corrupción y la Sala Penal Nacional, "órganos jurisdiccionales que solo pueden conocer de casos complejos y graves".

Señaló que, en ese sentido, Bolivia "esta actuando conforme a los
compromisos
asumidos en la lucha contra la corrupción y su respuesta
a través de Conare no es más que una consecuencia de las mismas".
Esto, concluyó, "desde ya favorece la pronta puesta a derecho del
investigado ante las autoridades judiciales peruanas".

La Conare rechazó el pasado 23 de enero la petición de refugio
solicitada por Belaunde Lossio, pero este aún tiene quince días  para
apelar esa decisión, informó este domingo el nuevo ministro
boliviano de Gobierno (Interior), Hugo Moldiz, en una rueda de
prensa.

El empresario, quien fue asesor de Humala en la campaña para las elecciones de 2006, está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
Por ello, en mayo pasado un tribunal de su país ordenó su detención preventiva durante 18 meses.

Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.