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El Gobierno venezolano enfrenta un fuerte reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte del concejal opositor Fernando Albán que, asegura la versión oficial, se suicidó en prisión, pero que según sus copartidarios fue asesinado justo antes de declarar por su supuesta participación en un atentado contra Nicolás Maduro.

La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, España y Brasil exigieron una investigación rigurosa sobre la extraña muerte. Maduro no se ha referido al tema.

Albán, del partido opositor Primero Justicia (PJ), fue detenido el viernes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía que sirve a Caracas cuando regresaba a Venezuela procedente de Estados Unidos, y se le acusaba de estar supuestamente implicado en el atentado fallido que sufrió el jefe de Estado, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.

El cuerpo de Fernando Albán, de 52 años, fue llevado a la sede del Parlamento -de mayoría opositora- para su velación. Cubierto con una bandera de Venezuela, el féretro permanecía en los jardines del edificio, en el centro de Caracas, rodeado de políticos y allegados.

Antes del arribo de la carroza fúnebre, varios diputados insistieron en que el hecho, ocurrido el lunes en los temidos calabozos del servicio de inteligencia en la capital, no fue un suicidio sino un crimen.

Enfatizando que el Estado tenía la “obligación de garantizar” la integridad de Albán, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una “investigación transparente” sobre su muerte.

Existen “informes contradictorios sobre lo ocurrido”, declaró una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en Ginebra.

El concejal había sido detenido el viernes cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cargado con C-4 cerca de la tarima donde el presidente Nicolás Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.

Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, de línea oficialista, Albán “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez”. Esperaba para ser trasladado a los tribunales, dijo el gobierno.

Saab prometió una “investigación exhaustiva” para esclarecer las circunstancias. “¡Asesinos!”, escribió en Twitter el diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia, partido de Alván.

Piden investigación

La Unión Europea (UE) se sumó a las exigencias de una “investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte”, la segunda de un opositor preso en el último año.

“Esperamos que el gobierno venezolano respete los derechos humanos de todos los detenidos”, indicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

En tanto, la embajada de Estados Unidos en Venezuela afirmó que la de Albán es una muerte “sospechosa”.

LA IGLESIA CATÓLICA DUDA DE LA VERSIÓN OFICIAL Y RECLAMA JUSTICIA POR LA MUERTE DEL CONCEJAL OPOSITOR

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) puso en duda el “suicidio” del concejal Fernando Albán, tal y como informó la Fiscalía, y pidió que se aclaren los hechos de su muerte que ocurrió bajo custodia del Estado, pues señalan que el opositor tenía “profundas convicciones religiosas”.

“Los hechos ocurridos tanto en el aeropuerto de Maiquetía con la detención arbitraria del Sr. concejal del municipio Libertador -de Caracas-, Fernando Albán, así como en las instalaciones del Sebín -Servicio de Inteligencia-, con su ‘supuesto’ suicidio, generan profundas dudas de toda índole”, dijo la CEV en un comunicado.

Los obispos venezolanos señalan que las dudas se producen porque “todo detenido está bajo resguardo de los órganos de seguridad del Estado quienes se hacen responsables de su integridad física”.

En el texto en el que la CEV manifiesta su preocupación e indignación ante las detenciones que están ocurriendo en el país, muchas sin “un abrigo legal”, se señala que “para nadie es un secreto” que Albán tenía “profundas convicciones religiosas” y “coherencia con los valores de la fe que ratifican la opción por la vida y no por la muerte”. Por lo anterior, los obispos, “como venezolanos”, señalaron que están en el “derecho de reclamar justicia”.