El expresidente Carlos de Mesa y tres de sus ministros están cerca de ser sometidos a un juicio de responsabilidades. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), integrada por Olvis Égüez y Edwin Aguayo, resolvió recomendar a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe el juicio contra las exautoridades. A falta de un trámite en la Sala Plena, De Mesa y sus tres ministros quedan en manos del Movimiento Al Socialismo, que tendrá en sus manos ‘perdonar’ o mandar a la corte a sus posibles adversarios políticos. Esto ya trajo repercusiones. “No nos dará el tiempo para meterlo preso”, aclaró Jorge Alberto Gonzales, presidente del Senado. “Es una estrategia de reproducción del poder”, respondió Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible de De Mesa y ahora coimputado.

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De Mesa y los exministros Gustavo Pedraza (Desarrollo Sostenible), Freddy Escobar (Minería e Hidrocarburos) y Luis Fernández (Trabajo), son acusados de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la expulsión de Non Metallic Minerals (NMM) y la confiscación de sus concesiones mineras en el salar de Uyuni. Esto ocurrió en 2004 y derivó en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que el 18 de mayo pasado desestimó el último recurso boliviano tendente a no pagar indemnización a los expulsados.

NMM resultó ser propiedad de la chilena Quiborax, que recurrió al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Chile y Bolivia para llevar al Estado ante el estrado. Según la tesis de la Procuraduría, De Mesa y sus ministros incumplieron los pasos señalados en su propia ley para expulsar a la empresa que explotaba ulexita y eso derivó en un daño económico al Estado de mañana, pues actuó durante su gestión contra la mafiosa chilena #Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo”, publicó en su cuenta de Twitter.

Los abogados del exmandatario han enviado tres memoriales para tratar de que la proposición acusatoria y el requerimiento fiscal sean rechazados. Revilla señaló que la Sala Plena no ha visto esos documentos, que todo fue remitido a la Sala Penal. Reacciones Para el senador opositor Óscar Ortiz, esto es una muestra de cómo la justicia actúa rápido con los opositores, pero es lenta cuando los acusados son oficialistas.

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“Otra prueba de la politización de la justicia, corren para perseguir a los opositores mientras los procesos contra los masistas no avanzan. El Tribunal Supremo de Justicia resolverá enviar a la Asamblea la petición de juicio contra De Mesa”, aseguró Según las encuestas, De Mesa es el único que tiene chance en contra de Evo Morales un paso adelante el TSJ deberá tratar hoy la recomendación de juicio contra el expresidente Ortiz en Twitter.

Jorge Alberto Gonzales, presidente del Senado y exempleado de De Mesa en PAT, aseguró que su exjefe quiere mezclar lo legal con lo político. Para él hay un proceso judicial que se está llevando adelante y otro político, que dependerá de la decisión de Carlos de Mesa de ser o no candidato en 2019. “Quien emparenta las dos cosas, o hace ver como que una cosa es prácticamente la misma que la otra, está llamando a una confusión”, dijo y añadió: “Si vamos a ir a la justicia con memoriales para proclamar nuestra inocencia, al final seamos consecuentes y aceptemos lo que la justicia determine”. Pese a que Gonzales aseguró que el actual periodo constitucional no alcanzará para juzgar a De Mesa, Pedraza considera que el MAS tendrá el tiempo del juicio en sus manos.

Para él no es sorpresa que el TSJ defina pasar su expediente a la Asamblea. “Esto no es una lotería ni una rifa, es una estrategia de poder”, sentenció Pedraza. Aseguró que todo comenzó en diciembre de 2016, durante el congreso del MAS en Montero, en el que se definió que Morales sería el candidato en 2019, sin importar los votos por el No en el 21-F. Asegura que el segundo paso fue el fallo del 28 de noviembre de 2017, que habilitó a Morales para la reelección.

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El tercer y el cuarto paso están en marcha, según el coimputado de De Mesa: el tercero es inhabilitar a un posible candidato que le podría disputar el poder (De Mesa, en este caso, quien ha repetido que no quiere ser candidato) y el cuarto es usar la violencia para reprimir a los que se oponen. “Eso ya comenzó, porque hemos entrado en la era de los chutazos y de sacar a los borrachos”, señaló el exministro de Carlos de Mesa. Sin embargo, sin una condena ejecutoriada, De Mesa podría ser candidato a la Presidencia, aún si el MAS autoriza su juicio de responsabilidades en el TSJ.

El caso

1998. El 8 de abril se promulga la ley 1854 que reducía a la mitad la reserva fiscal del salar de Uyuni

2000. La compañía minera Río Grande Sur S.A. (Rigssa) propiedad de dos exfuncionarios del Ministerio de Minería, se adjudica 43 concesiones.

2001. Rigssa celebra un contrato con Quiborax para venderle toda su producción de ulexita.

2001. Quiborax funda Non Metallic Minerals (NMM). En agosto de 2001, Rigssa aporta siete concesiones a NMM convirtiéndose en su máxima accionista. En septiembre de ese año, Quiborax adquiere el 51% de NMM.

2003. El 5 de noviembre Carlos D. Mesa promulgó la ley 2564, que abroga la ley de 1998. Daba 60 días para desarrollar auditorías que lleven a la anulación de concesiones mineras.

2004. El 27 de enero se promulga el DS 27326, que instruye seis auditorías a los ministerios de Minería, Desarrollo Sostenible, Trabajo, Impuestos Nacionales, Aduana Nacional y Prefectura de Potosí. La fecha límite para presentar los resultados era el 9 de febrero.

23 de junio. El Gobierno de Carlos de Mesa promulga el DS 27589 que revocó la resolución constitutiva y revirtió las concesiones de NMM y le dio plazo de 30 días para devolverlas a la prefectura de Potosí.

28 de octubre. La Superintendencia de Minería anuló las concesiones de NMM.

2005. El 4 de octubre NMM presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI.

16 de noviembre. El presidente Eduardo Rodríguez Veltzé abroga el DS 27326 por deficiencias técnicas insubsanables.

Sin embargo, consideró que al haber sido anuladas por la Superintendencia de Minas, NMM ya no tenía concesiones en Bolivia.

2007. Comienza el arbitraje en el CIADI.

2015. El CIADI falla a favor de Quiborax y obliga a pagar $us 48,6 millones. Bolivia pide la nulidad.

2018. El 18 de mayo, el CIADI desestimó el pedido de nulidad, ratifica el fallo favorable a Quiborax. El 22 de mayo, la PGE demanda a De Mesa.