Hace más de un año que los municipios de Cotoca y de Santa Cruz de la Sierra no logran sentarse para conversar y solucionar un viejo lío de límites entre ambas comunas. Son 19.335 hectáreas las que quedaron identificadas como la zona de conciliación, donde hay cerca de 70 áreas pobladas conviviendo en medio de la duda por saber si son de uno o de otro municipio.

La Gobernación, a través de la Unidad Técnica de Límites (UTL), inició a principios de 2015 un proceso de conciliación entre ambas alcaldías luego de que el municipio de Cotoca, a finales de 2014, presentara una propuesta de delimitación y pidiera ir a una conciliación.

Pasado el proceso de admisión de la demanda y una vez que ambas comunas fueron puestas en conocimiento del procedimiento, la Gobernación comenzó a aplicar las etapas establecidas en la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, pero sus esfuerzos aún no han obtenido resultados.

“No logramos concluir ni siquiera la etapa de iniciación del proceso”, admitió Jaime Weise, responsable de este trabajo. El 11 de abril es el último plazo para tratar de encontrar una solución al conflicto.

“Nosotros hemos venido agotando todas las vías conciliatorias establecidas en el procedimiento administrativo. Si lastimosamente, como se viene suscitando en todas las actuaciones, no se puede llegar a ningún entendimiento entre los municipios, tendremos que elaborar una resolución estableciendo la expiración del plazo”, explicó la autoridad de la Gobernación.

Weise lamentó la actitud de las autoridades municipales cruceñas, que luego de las primeras actuaciones del proceso decidieron abandonarlo argumentando parcialidad, errores y fallas en la aplicación del procedimiento por parte de la UTL.

La secretaria de Planificación de la Alcaldía cruceña, Sandra Velarde, explicó que esta decisión fue tomada por el alcalde Percy Fernández, que determinó alejarse del proceso de conciliación de la Gobernación, y que está dispuesto a solucionar el tema por cualquier otra vía de conciliación que las normativas lo permitan.

A su vez, el alcalde de Cotoca, Wilfredo ‘Coco’ Áñez, pide a su par de la capital cruceña concluir con las acciones iniciadas y, al igual que Velarde, se muestra partidario de dar solución a este conflicto por la vía de una consulta popular a la gente que vive en la zona.

Tanto Cotoca como Santa Cruz de la Sierra parecen ver en un referéndum la mejor forma para definir el límite territorial que los mantiene en conflicto, pero para llegar a ese escenario aún deben agotarse todas las instancias de conciliación.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, que convocó a una reunión a los tres actores de este conflicto para el miércoles 30 de marzo, considera que aún es muy prematuro hablar de referéndum y apuesta por una solución consensuada.

“Vamos a agotar toda la metodología y la experiencia que hay en estos conflictos”, aseguró la autoridad gubernamental, que cuestionó la falta de capacidad que, en su criterio, la Gobernación demostró al no conseguir que este conflicto de límites sea solucionado.

Política y proceso penal
Si bien ninguno de los actores de este conflicto admite de manera abierta las susceptibilidades políticas en este tema, reconocen que son parte del ruido que existe en este proceso de conciliación.

Desde la agrupación Santa Cruz Para Todos, liderada por Percy Fernández y que ya manifestó su intención de ir con un candidato para la Gobernación cruceña, ven parcialidad en el árbitro técnico que debe conciliar sobre el lío de límites, ya que este funcionario es militante de Unidad Demócrata (UD), partido político de Rubén Costas que ya anunció que en las próximas elecciones municipales lanzarán un candidato para la comuna cruceña. El alcalde cotoqueño es de UD.

Frente a estas susceptibilidades que juegan en su propio escenario político, existe un proceso penal abierto que fue presentado por la municipalidad capitalina en contra de la comuna de Cotoca, por la supuesta aprobación de planos en un área que no es parte de su jurisdicción.

El caso es llevado por el fiscal Iván Quintanilla, proceso que tiene más de un año de investigación preliminar y que, al igual que el lío de límites, aún no tiene prevista una solución a corto plazo