El actual Código Procesal Civil (CPC) incorpora en nuestro sistema jurídico el ‘proceso de estructura monitoria’, que se traduce en la siguiente descripción: “Presentado el documento o documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad y legitimación, así como los específicos del proceso que se pretende, acoge la demanda mediante una sentencia inicial” (art. 375 CPC). Lo más relevante es que el mismo artículo dispone que: “Con la demanda y la sentencia será citada la parte demandada para que pueda oponer excepciones en el plazo de diez días. Y si no opusieren excepciones en el plazo señalado, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará terminado, entrando en fase de ejecución”.

Lo pintoresco es que en los procesos descritos en la estructura monitoria, se encuentra el actual proceso ejecutivo. Ahora bien, es oportuno considerar que este proceso es uno de los más susceptibles socialmente ya que va referido a los derechos patrimoniales de las personas (deudas en dinero).

Por ello es necesario analizar lo regulado sobre este proceso. Con la simple presentación del documento idóneo por el demandante (acreedor), de manera inmediata, el juez resuelve el proceso dictando una sentencia, en la cual no solo se condena al demandado (deudor), sino que también se disponen las medidas cautelares y las de ejecución en su contra (embargos y remates). Lo anterior, sin conocimiento del demandado, sin que pueda presentar pruebas o argumentos, constituyendo en un funesto prejuzgamiento.

Todo esto, pone en evidencia que el actual proceso ejecutivo tiene matices de inconstitucionalidad. Ya que contradice el derecho a la defensa oportuna, a ser oído antes de ser juzgado, a la igualdad procesal y sobre todo al debido proceso, que son derechos y garantías fundamentales proclamados por la Constitución Política del Estado y que constituyen las bases de los procesos judiciales. En definitiva, al ser inadecuado el actual proceso ejecutivo, sus consecuencias generan daños irreparables e incompatibles con la sensibilidad de las operaciones financieras en nuestro país.