Escucha esta nota aquí

Mediante un comunicado, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su disconformidad absoluta y advierte sobre los riesgos de la promulgación el proyecto de ley para la nacionalización de vehículos indocumentados, presentada el martes a la Cámara de Diputados.

A decir de la institución, en el país existen más de 200 marcas importadas anualmente y al menos 45 empresas formales con riego de quiebra por las condiciones adversas, competencia desleal de informales y el contrabando.

Y es que, el sector formal automotriz está siendo golpeado muy duramente por más de 100 días de inactividad que han cortado totalmente su nivel de ventas, poniendo en riesgo la manutención de toda la fuerza laboral del sector.

Según la CAB, el proyecto de ley atenta también contra la cadena de pagos al sistema bancario que puede verse afectado por la caída de varias empresas formales que tienen actividad relacionada con las automotrices.

“Con la ley propuesta, todas las empresas del sector quedarían expuestas al riesgo de quiebra, exponiendo también al sistema financiero que trabaja financiando y respaldando actividades del sector”, sostiene la entidad.

En la actualidad, de acuerdo con los datos de la CAB, existen más de 20.000 unidades nuevas sin vender, importadas por el sector automotriz, que han pagado todos los tributos e impuestos por la vía formal.

Importancia del sector

De acuerdo con la CAB, la dinámica del sector automotriz formal, desde un tornillo hasta el más complejo de los vehículos para la industria, generan más de $us 2.000 millones y su contribución al Estado es altamente significativa para la economía nacional.

Además, el sector genera más de 12.000 fuentes de trabajo directas y 70.000 fuentes indirectas.

La institución recuerda que el proyecto de ley, replica la Ley 133/2011 del 8 de junio de 2011, que nacionalizó vehículos indocumentados ese año. Esa norma en su artículo 1: “Establecía por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores”.

Mientras que el nuevo proyecto parte sin respetar ese concepto de “única vez” y atenta contra la Constitución porque al margen de existir previamente la Ley 133 de 2011, no se puede “legalizar el contrabando” ya que estos vehículos son procedentes de este delito, señala la CAB.

Cabe recordar que el martes la diputada del MAS, Concepción Ortiz, presentó a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados el proyecto de ley excepcional de saneamiento legal de vehículos automotores y otras mercancías indocumentadas.

A decir de la parlamentaria, con esta norma se busca generar las condiciones para que aquellos poseedores de vehículos internados de manera ilegal puedan acogerse a la regularización y con los ingresos recaudados el Estado genere liquidez para combatir la crisis sanitaria derivada de la pandemia.