Un nuevo caso en Reino Unido levanta sospechas sobre la respuesta de las instituciones eclesiales ante casos de sacerdotes señalados de abuso sexual contra menores de edad.

Esta vez se trata de la Iglesia anglicana, luego de que una investigación de la BBC revelara que la institución pagó un monto de seis cifras a un religioso considerado como un riesgo potencial para niños y jóvenes.

El canónigo Andrew Hindley ha sido objeto de cinco investigaciones policiales, que incluyen acusaciones de agresión sexual.

Sin embargo, nunca ha sido imputado formalmente de ningún delito penal y asegura que no constituye un riesgo para la integridad de nadie.

Entre 1991 y 2021, Hindley trabajó en la diócesis de Blackburn, una ciudad ubicada en el condado de Lancashire, 360 kilómetros al norte de Londres.

Un alto miembro de la catedral de Blackburn renunció debido al acuerdo financiero que suscribió la Iglesia anglicana con Hindley y afirmó que las preocupaciones sobre el sacerdote eran "un secreto a voces" entre los altos clérigos.

El exobispo de Blackburn Julian Henderson describió el pacto que se firmó cuando estaba en el cargo como la "única opción" que le quedaba a la Iglesia "para proteger a los niños y jóvenes vulnerables del riesgo que suponía Hindley".

Los arzobispos de Canterbury y York le dijeron a la BBC que "todavía están trabajando" para que la Iglesia proceda adecuadamente y que "deben aprender" de los errores del pasado.

Aunque varias personas contactadas por la BBC no estuvieron dispuestas a hablar, esta investigación de dos años corroboró algunas hipótesis.

En primer lugar, las restricciones impuestas a Hindley, que le prohibían asistir al coro y realizar visitas escolares, nunca fueron supervisadas.

Además, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, respaldó un plan para cerrar la catedral de Blackburn si el sacerdote regresaba a trabajar después de haber sido suspendido.

El acuerdo

En 2022, a Hindley le ofrecieron 240.000 libras esterlinas (alrededor de US$308.000), según la investigación de la BBC.

Se desconoce el monto final que fue pagado, dado que las partes firmaron acuerdos de confidencialidad para mantener el pacto en secreto.

La Iglesia anglicana dijo que estaba en curso una acción legal iniciada por Hindley, en respuesta a una decisión anterior de la Iglesia de obligarlo a jubilarse.

El acuerdo de pago fue un "punto de inflexión" para Rowena Pailing, quien renunció como vicedecana y jefa de salvaguardia de la catedral, y puso fin a una carrera de casi 20 años en la Iglesia anglicana.

"No podría trabajar para una organización que antepone su propia reputación y la protección de los presuntos abusadores a la protección, el cuidado y la escucha de las víctimas y sobrevivientes", le dijo a la BBC en su primera declaración pública sobre el caso.

El mensaje que el pago envía a las víctimas y sobrevivientes es "absolutamente horrible... Quedé devastada", señaló Pailing.

Pailing contó que cuando le ofrecieron trabajar en la Iglesia anglicana en 2018, le advirtieron de "serias preocupaciones y acusaciones de salvaguardia" contra un sacerdote, que abarcaban "un largo período de unos 25 años".

Sin embargo, le aseguraron que había un plan para abordarlo. Pero después de asumir el cargo, "quedó bastante claro que no había ningún plan" y rápidamente se dio cuenta de que la Iglesia anglicana estaba guardando un secreto a voces.

"Había un obispo de otra diócesis que se refirió a ese sacerdote en particular por su nombre y preguntó si todavía cometía sus 'viejos trucos'", dijo Pailing al recordar un evento en el Palacio de Lambeth, residencia del arzobispo de Canterbury.

Documentos internos de la Iglesia anglicana, vistos por la BBC, muestran que durante años hubo preocupaciones con respecto a la catedral de Blackburn.

En 2009, una inspección concluyó que Hindley podía "representar una amenaza para los hombres jóvenes" y para el nombre de la catedral.

Las investigaciones contra Hindley

A lo largo de los años, la policía de Lancashire abrió cinco investigaciones contra Hindley.

La primera ocurrió en 1991, cuando fue acusado de mantener relaciones sexuales con un joven de 17 años, mientras la edad estipulada por ley para el consentimiento en las relaciones entre hombres homosexuales era de 21 años.

Luego, en el año 2000, fue acusado de mantener relaciones sexuales con un joven de 15 años, pese a que la edad mínima para las relaciones consentidas era 16.

Ambas investigaciones fueron abandonadas después de que las presuntas víctimas y el religioso negaran las acusaciones.

La policía no tomó más medidas en otras tres investigaciones, en las que Hindley también negó las acusaciones.

En 2001, fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente tres años antes. Presuntamente le dio alcohol, le animó a ver pornografía y le tocó los genitales, según un informe encargado por la Iglesia anglicana.

En 2006 fue denunciado por hacer comentarios a un joven de 15 años, mientras que en 2018 fue acusado de cometer agresiones sexuales durante una fiesta en el jardín de la catedral.

La policía de Lancashire dijo que evaluó toda la información. "Cuando había pruebas disponibles, se llevaron a cabo investigaciones y se pidió asesoramiento a la Fiscalía de la Corona", pero "esto no dio lugar a que se presentaran cargos".

Además de las investigaciones policiales, los líderes de la Iglesia anglicana encargaron varias evaluaciones de riesgos a expertos para determinar si Hindley representaba un peligro.

Por ello, el foco de nuestra investigación es la repetida falta de acción definitiva de la Iglesia frente a los hallazgos de las evaluaciones de riesgos y otras advertencias.

La catedral de Blackburn suspendió a Hindley al menos dos veces y le prohibió asistir a los grupos de confirmación juvenil y a otros eventos escolares.

Sin embargo, "las restricciones nunca fueron controladas", indica un documento al que tuvo acceso la BBC.

"Sacerdote de teflón"

Durante años, Hindley fue canónigo sacristán: planificaba los servicios y coordinaba a los sacristanes y sus asistentes, mientras vivía en una casa de la catedral.

Una revisión de los registros de la catedral en 2020 reveló que sus colegas lo apodaban Teflón, debido a que parecía indemne a las quejas o acusaciones.

Sin embargo, Hindley afirma que fue sometido a una campaña para expulsarlo de la Iglesia, "motivada por la homofobia y agendas personales".

"La Iglesia ha permitido que sus procedimientos de salvaguardia sean secuestrados, convertidos en armas y utilizados indebidamente".

En 2020, el informe de un psicólogo clínico concluyó que existía un "riesgo de bajo a moderado de comportamiento sexual inapropiado en el futuro" que aumentaba si Hindley pasaba "períodos prolongados en compañía de hombres jóvenes".

Aquella fue la última de una serie de evaluaciones de riesgos.

"Riesgo de daño significativo"

En 2007, la organización benéfica para niños NSPCC dijo que Hindley representaba "un riesgo de daño significativo para niños y jóvenes" y aseguró que "no debería tener contacto sin supervisión con niños o jóvenes".

NSPCC también aconsejó que asistiera a un programa para agresores sexuales y se reevaluara su riesgo. Si no cooperaba, la organización advirtió que la Iglesia debía considerar la opción de apartarlo de la institución.

Sin embargo, el sacerdote cuestionó aquellas recomendaciones.

Ese mismo año, se encargó una evaluación a un investigador de trabajo social, quien indicó que "sería difícil sostener un argumento de comportamiento depredador", aunque reconoció que Hindley necesitaba "apoyo para poner límites en relación con el trabajo con niños".

Un juez también criticó el informe de NSPCC. Hindley le dijo a la BBC que el juez concluyó que los autores del informe no habían entendido adecuadamente su papel y parecían "equiparar la homosexualidad con un riesgo de abuso pedófilo".

En 2017, Hindley recibió una oferta de trabajo en otra diócesis, pero fue retirada después de que una evaluación de riesgos detectara "peligros significativos para la salvaguardia". Luego permaneció en su puesto en Blackburn.

Falta de acción

El experto en protección infantil Ian Elliott afirmó que la investigación de la BBC expone una clara falta de acción ante la información presentada por profesionales experimentados que advirtieron sobre el potencial de daño significativo.

"Cuando se encarga una evaluación de riesgos es por una razón", sostuvo Elliott, quien ha llevado a cabo revisiones de salvaguardia de instituciones religiosas en todo el mundo.

"No creo que la Iglesia anglicana sea segura".

Como medio para destituir a Hindley, el órgano rector de la catedral votó en enero de 2021 a favor de jubilarlo por motivos de salud, utilizando una ley de 1949 que no había sido aplicada. Pero Hindley presentó un reclamo ante el Tribunal Superior para que revisara judicialmente esa decisión.

Luego, la catedral inició un proceso legal para expulsarlo de la residencia catedralicia, al que también se opuso.

Estas acciones pueden explicar por qué los líderes de la Iglesia anglicana no actuaron antes. Los documentos internos muestran que anteriormente habían considerado despedir a Hindley, pero estaban preocupados por las repercusiones legales.

Hindley era uno de los pocos clérigos que ocupaba lo que se conoce como un cargo de dominio absoluto, que fue abolido para los nuevos sacerdotes en 2007 y goza de más protección que el de un empleado regular.

El temor a un litigio

Rowena Pailing aseguró que para los clérigos de alto rango y el equipo legal de la Iglesia, "el temor que siempre se mencionó fue el de un litigio".

La diócesis de Blackburn le dijo a la BBC que, antes del retiro forzoso de Hindley, "se exploraron todas las opciones" para destituirlo, pero la única forma en que podría haber sucedido era si una denuncia contra él hubiera sido confirmada en un tribunal interno de la Iglesia.

Se hicieron varios intentos de llevar las denuncias a los tribunales, pero en ningún caso procedieron.

Si las acusaciones tienen al menos un año de antigüedad, se necesita el permiso de un juez superior designado por la Iglesia antes de que puedan ser escuchadas por un tribunal. Esos jueces negaron el permiso a varias denuncias contra Hindley, incluidas dos en 2020.

Por ello, Pailing y otros altos funcionarios de la catedral escribieron a los arzobispos de Canterbury y York expresando su "profunda preocupación" y pidiéndoles que intervinieran.

La Iglesia anglicana le dijo a la BBC que "no había manera en la que ellos [los arzobispos] pudieran haber intervenido legalmente" en "una decisión judicial tomada por un juez independiente".

Hindley aseguró que cada vez que su caso ha sido considerado objetivamente por un juez independiente, siempre ha sido "exonerado" e insistió en que las "acusaciones falsas recicladas sin cesar" forman parte de una campaña homofóbica en su contra.

Hindley era un sacerdote abiertamente gay en una catedral que algunas personas con las que habló la BBC describen como "conservadora".

Sin embargo, antiguos colegas creen que el religioso utilizó parte de la homofobia que experimentó para desviar los cuestionamientos sobre su propio comportamiento.

Que las víctimas sigan adelante

Una pariente cercana de una de las presuntas víctimas de Hindley, que no quiso ser identificada ni dar información sobre las acusaciones de su familiar, dijo que la Iglesia anglicana tenía miedo de actuar.

Joan (nombre ficticio) aseguró que cuando su familiar denunció al sacerdote por conducta sexual inapropiada, "la primera reacción pareció ser de temor a asumir la situación".

"Ese miedo parecía girar en torno a la posibilidad de que esto pudiera derribar a la Iglesia", contó. Joan recordó una carta de un obispo de Blackburn en la que aconsejó a los familiares "que siguieran con su vida".

"Pensé que era bastante ofensivo decirnos eso. Fue como esconderlo debajo de la alfombra”. Joan dijo que la familia se sintió "completamente consternada" porque su denuncia nunca fue atendida.

"No sabemos cuál habría sido el resultado. Pero nadie lo intentó".

Filtración a la prensa

En 2020, un año después de haber sido alertado por primera vez sobre Hindley, el arzobispo Welby trató de intervenir.

Andrew Graystone, un defensor de los sobrevivientes de abusos en la Iglesia anglicana, dijo que fue convocado por un alto miembro de la catedral de Blackburn.

"El arzobispo [de Canterbury] les había dicho que los abogados de la Iglesia no podrían resolver esto, y el propio arzobispo sugirió que una forma de hacerlo sería, efectivamente, filtrar la historia a la prensa".

Al final la idea fue descartada. Pero los líderes eclesiásticos tomarían medidas más drásticas: Hindley presionó para volver a trabajar, después de haber sido suspendido en espera de la investigación policial sobre las acusaciones de agresión sexual en la fiesta en el jardín de la catedral.

En julio de 2021, el entonces obispo de Blackburn, Julian Henderson, escribió al canónigo diciéndole que lo habría despedido si pudiera, después de que una evaluación determinara que "el riesgo de comportamiento sexual inapropiado para otros era de bajo a moderado".

"Esto nunca debería decirse de un clérigo de las Sagradas Órdenes", afirmó Henderson, quien luego lanzó una amenaza inesperada: si Hindley volvía a trabajar, estaba "preparado para cerrar el ministerio de la catedral", con el acuerdo de autoridades como los arzobispos de Canterbury y York.

El último recurso

Ian Elliott afirmó que cerrar una catedral "para dejar de lado a alguien contra quien se han hecho acusaciones de abuso es espantoso y ridículo".

"Si no puedes ver eso, entonces hay un problema".

Henderson explicó a la BBC que no había manera de que se le permitiera a Hindley regresar, y si no se podía impedir que volviera, la única opción, aunque drástica, era cerrar el ministerio en la catedral.

"Era el último recurso que nos quedaba para presionar".

La BBC también vio una carta de mayo de 2020, firmada por los tres obispos de Lancashire, en la que se quejaban ante los arzobispos de que "se movieran los hilos y se utilizaran redes para afectar el ministerio en curso de Hindley".

Cuando la BBC preguntó a qué se referían, Henderson dijo que era "casi imposible entender" cómo una denuncia contra Hindley no había llegado a un tribunal eclesiástico.

"Por lo tanto, era natural preguntarse si se habían puesto en juego otros factores de los que no sabíamos nada", añadió Henderson.

Al final, la solución de la Iglesia para deshacerse de Hindley fue despedirlo por motivos de salud, seguido de un acuerdo financiero.

El caso "es complicado y muy difícil para todos los involucrados", afirmó.

Intentos previos

La BBC encontró pruebas de varios intentos previos de pagarle al sacerdote para que abandonara el ministerio, que se remontan al menos a 2008.

En una ocasión fallida, "la suma global ofrecida fue considerada demasiado pequeña" por Hindley, según un documento de la Iglesia visto por la BBC.

"De hecho, la Iglesia le pagó a este individuo una suma de dinero para que se jubilara de su puesto y, a todos los efectos, no se le ha pedido responsabilidad alguna", señaló Elliott.

"No creo que nadie pueda estar muy contento con la forma en que se resolvió esa situación", le dijo a la BBC Philip North, el obispo actual de Blackburn.

North no estaba en su puesto actual en el momento del acuerdo y no dijo si era normal que a un sacerdote se le pagara después de jubilarse en tales circunstancias.

"Lo que realmente importa es el aprendizaje de ese caso y los pasos que debemos tomar como iglesia para estar más seguros en el futuro".

La Iglesia anglicana dijo que está revisando las regulaciones y directrices al respecto.

"Los sacerdotes pueden disponer de una evaluación de riesgos que puede indicar un nivel de amenaza" y "los poderes de un obispo diocesano son limitados", afirmó el obispo. "Esa es, para mí, un área importante de debilidad".

"Cuando una evaluación de riesgos indica que un sacerdote corre un riesgo, deberíamos poder tomar medidas".

En una declaración conjunta con Peter Howell-Jones, decano de la catedral de Blackburn, North dijo que la institución debe escuchar "más atentamente que nunca" a los sobrevivientes de abusos, "para garantizar que la Iglesia no se vea obstaculizada por sus propios procesos y actúe rápida y adecuadamente en cuestiones graves de salvaguardia”.

"Sólo así podrá ser ésta realmente una Iglesia segura para todos".

"Los obispos tienen muchísimo poder y si quieren hacer algo, pueden hacerlo", advirtió Rowena Pailing. "Para muchos de esos clérigos de alto rango, cuando dijeron que no podían hacerlo, lo que significaba era que no eran lo suficientemente valientes para hacerlo".

"Tuvieron 25 años para solucionarlo. Francamente, si nunca se inicia el proceso de cambio, entonces, por supuesto, nunca sucederá".

Con reportería adicional de Kirstie Brewer y Fergus Hewison.

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