Aunque es una progresista confesa, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, se ha convertido en la mayor antagonista del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador.

En el último mes del sexenio de AMLO, que entregará el poder a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, las mayorías oficialistas en el Congreso aprobaron una polémica reforma al Poder Judicial federal que Piña preside.

En la práctica, la reforma quita poder al máximo tribunal del país, no solo porque reduce el tiempo de mandato de sus magistrados, sino porque somete su elección al voto popular.

La coalición oficialista de Morena, empoderada tras la arrolladora victoria en las generales de junio, insiste en que la reforma va a democratizar un Poder Judicial. Sostiene que es corrupto y nepotista, y desconoce el acontecer diario de la gente.

Y Piña, aunque admite la necesidad de una reforma ambiciosa, ve eso como una afrenta a la separación de poderes y los principios democráticos. Coinciden con ella la oposición, organizaciones de abogados y el gobierno de Estados Unidos.

Aunque el 70% de la gente apoya al obradorismo, la reforma ha generado protestas, un paro judicial y la devaluación del peso mexicano, ya que los inversionistas temen por la seguridad jurídica de sus negocios en el país.

Piña, que tiene 64 años, atiende las preguntas de BBC Mundo en medio de esta situación. Sus asesores, más que monitorear la entrevista, siguen las noticias. El Congreso está discutiendo la iniciativa. Hay carteles a favor y en contra en los pasillos. Se ven la bruma y la contaminación desde el piso 14 del edificio del Poder Judicial en el sur de Ciudad de México.

Es uno de los momentos más críticos en la historia reciente de la rama judicial.

Piña se declara feminista, defensora de derechos sociales y civiles y propone reformar la justicia.

“Pero no así, sino con diálogo y desde las bases del sistema, que es donde están los problemas”, asegura.

¿En qué situación está México en este momento?

Es una situación muy complicada. Hay mucha incertidumbre. El futuro de nuestro país depende de lo que se resuelva hoy y en los próximos días en las judicaturas locales.

La reforma, en los términos que se está proponiendo, afecta la división de poderes en nuestro país.

¿Cuál es el principal problema de la reforma?

El sistema que se establece para la elección de jueces, porque implica que para serlo no se requiere ninguna preparación, sino nada más ser abogado; no hay que tener preparación, no hay colegiación, y van a ser electos por voto popular después de ingresar en una tómbola. O sea, sacarán un papelito.

Será suerte ser juez o magistrado federal en México.

Suena democrático elegir a los jueces con votos. Los defensores hablan de un acercamiento de la justicia a la gente. ¿Por qué un ciudadano no puede ser quien elige a un juez?

La elección de jueces y magistrados, como está instrumentado actualmente en México, es a través de un sistema democrático indirecto: lo propone el presidente y de ahí el Senado determina quién es ministro o ministra (magistrado o magistrada).

Para los jueces y ministros debemos establecer que no se trata de representantes populares. No son políticos. Son personas que están capacitadas para resolver un conflicto en la sociedad.

Los jueces federales, además, resuelven problemas entre el particular y la autoridad. Si se vuelve una cuestión política, lógicamente ¿qué tanto le va a responder ese juez a su electorado por una cuestión popular, en lugar de resolver como las leyes establecen?

Uno puede pensar, partiendo de una democracia, que suena bien, suena bonito, que se elijan a los jueces y magistrados, pero en la práctica es totalmente inoperante, no se va a poder implementar ese sistema.

Y si se llega a implementar, vamos a ver las consecuencias, que a mi juicio son un retroceso en la impartición de justicia.

¿Por qué no es lo mismo que un ciudadano elija a un magistrado que un ciudadano elija a un presidente?

A nivel federal tenemos 1.650 jueces. ¿Tú crees que el ciudadano va a conocer a todas las personas que integran esa planilla y va a saber si es esta persona es capaz de resolver conflictos, si tiene oficio, si es experto, si hace las cosas como deben ser?

Es una cuestión de cargarle más responsabilidades al propio ciudadano, en lugar de asumirla el Estado.

Una de las funciones del Estado es la impartición de justicia, y para que sea verdadera, necesita de personas capaces y especializadas.

No es que el ciudadano sea tonto, pero ¿acaso tiene el conocimiento de qué persona tiene la experiencia para resolver sus conflictos? ¿O le corresponde al mismo Estado organizar un sistema de justicia con jueces capacitados para la impartición de justicia?

¿Por qué es un problema que se establezca un ente de control disciplinario para los jueces, que es otra de las iniciativas de la reforma? En principio suena razonable que rindan cuentas, que sean controlados.

Ya existe un control de jueces y magistrados federales. Eso se hace a través del Consejo de la Judicatura Federal.

Y cualquier persona afectada por una decisión de un juez o un magistrado, que considere que fue ilegal o parcial, puede pedir que el Consejo lo revise y se inicie una investigación, y en caso de probarse se sanciona con destitución o inhabilitación.

El sistema que se propone ahora es que en el Consejo se separe la administración y la vigilancia. Sería un tribunal de disciplina.

Sin embargo, este tribunal va a estar integrado por cinco personas que también van a ser electas popularmente y van a revisar la actuación de jueces y magistrados. Van a ser jueces de jueces.

¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que ese tribunal establezca una irregularidad del juez, si también son participantes del esquema de voto popular?

¿En qué situaciones la democracia directa puede ser perjudicial?

No, es que yo comparto la democracia directa, cuando se trata del Legislativo y el Ejecutivo, pero el Judicial no lo permite por la especialización que se necesita.

México está en una situación difícil de criminalidad, hay 90% de impunidad y corrupción. ¿Cómo se resuelve eso? Si no es esta reforma, ¿cuál?

Elegir a los jueces por voto popular no va a resolver los problemas de seguridad y de procuración de justicia.

La impunidad también se genera porque los mismos ciudadanos le tienen desconfianza a denunciar. Entonces lógicamente si te tienen sentado tres horas, no te toman tu denuncia, hacen que regreses, te están revictimizando.

Pero la reforma debe ser desde abajo; no es el juez el problema.

Datos oficiales estiman que el 80% de los procesos judiciales en México se dan en las justicias locales y en las fiscalías, la procuración que menciona.

La reforma no ataca la raíz del problema. Porque únicamente se concentra en la pirámide, en la cúspide, no en las bases del sistema, que es donde está la mayor parte de los casos.

La justicia penal en México es local, porque los delitos son locales. Hay ciertos delitos que sí pertenecen a la federación, donde se ve si las sentencias están pegadas a derecho o no, pero son la minoría.

Pero la justicia como valor no puede solo circunscribirse a lo penal: la justicia es que cualquier acto arbitrario de la autoridad pueda ser controlado por un juez. Y eso hacen los jueces federales.

El apoyo a este gobierno es abrumador e histórico. ¿No teme que la oposición a la reforma genere una reacción perjudicial para la paz social y política del país?

Sí, porque además se ha construido una narrativa, desde las conferencias mañaneras del presidente, donde sistemáticamente se ha estado poniendo en entredicho a los jueces federales.

Esa narrativa de seis años de que son corruptos, de que están podridos, de que hay nepotismo, está permeando a la gente que apoya al presidente.

Yo sí temo que la situación sea peor.

Si se aprueba, ¿qué pasa? ¿cuál es el futuro que le depara al país?

Normalmente no soy pesimista. Pero sí veo que el futuro de México se va a afectar, y va a afectar no solo al país como Estado, sino al ciudadano.

Porque cualquier acto arbitrario de una autoridad un juez federal lo puede controlar, pero si van a ser elegidos por voto popular, y van a tener que servir o quedar bien con sus electores, este contrapeso entre autoridad y ciudadano se va a ir diluyendo.

El Poder Judicial ha sido muy poco reformado.

Actualizar el sistema sería implementar más juzgados, tecnologías, acceso a la justicia, medidas de solución pacíficas de controversias, una justicia hacia la población en general.

Uno de los grandes defectos del Poder Judicial federal es que no hemos sabido comunicar con la sociedad. Tenemos muchos expedientes que resolver, nos la pasamos detrás de un escritorio.

Una reforma al Poder Judicial federal, estoy convencida, es a través del diálogo. Pero si se da una reforma como la que se ha planteado, sí es un ataque a la democracia.

Durante el sexenio de AMLO el Poder Judicial truncó cruciales iniciativas presidenciales a través de amparos ciudadanos. Hay quienes creen que esta reforma es más un “capricho” que una puja argumentativa, técnica, entre la justicia y la presidencia.

No sé si es capricho, porque no conozco al presidente en lo personal.

Pero sí creo que no le han gustado las decisiones de la Corte Suprema, porque la Corte en efecto votó en contra de que, por ejemplo, la Guardia Nacional pertenezca a lo militar, cuando en realidad debe ser civil según establece la Constitución.

Y tampoco le ha gustado que asociaciones civiles hayan frenado o suspendido proyectos del gobierno que afectan el medio ambiente, como el famoso Tren Maya.

Estoy convencida que esta iniciativa es más una cuestión política que técnica.

¿Qué piensa de las experiencias en otros países de elección de jueces por voto popular?

En Estados Unidos, primero, se da solo a nivel local. Pero, además, lo esencial es qué tipo de personas pueden ser electas como jueces: allá son abogados con cierta preparación, con colegiación, deben pasar exámenes de las barras, son personas experimentadas.

Acá no: acá salir de la escuela, tener cinco cartas de los vecinos y tener un promedio ya te va permitir ser juez.

Y lo más parecido, aunque no es igual por la dimensión del país, es Bolivia. Y estadísticamente ni siquiera han podido elegir a los jueces, porque la gente no sale a votar porque no conoce a los candidatos.

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