Más de 200.000 niños, jóvenes y adultos vulnerables que estuvieron bajo tutela estatal o religiosa en Nueva Zelanda en los últimos 70 años fueron víctima de abusos, según ha revelado una histórica investigación independiente.

Casi uno de cada tres niños acogidos entre 1950 y 2019 sufrió algún tipo de maltrato, como violaciones, descargas eléctricas, trabajos forzados, palizas o experimentación médica, tal y como evidencio la Comisión Real de Investigación sobre Malos Tratos en los Centros de Acogida.

"Para algunas personas supuso años o incluso décadas de abusos y negligencias frecuentes. Para algunos fue toda una vida; para otros, una tumba sin nombre", expuso la investigación.

Su informe final, que acaba de ser publicado, se basa en las experiencias de casi 3.000 personas, que han relatado cómo fueron no solo tratados con violencia, sino en muchas ocasiones sin compasión siendo niños, desatendidos de forma deliberada, negándoles necesidades básicas como comida suficiente o ropa adecuada, o sin intimidad para bañarse o usar el retrete.

A veces, desvela el documento que se ha presentado ante el parlamento neozelandés, se dejaba a los bebés en cunas sin abrazarlos, sin interacción física ni otras muestras de cariño.

La investigación se ha llevado a cabo a lo largo de seis años y se ha convertido en la mayor y más costosa realizada hasta la fecha en Nueva Zelanda, con un coste aproximado de US$101 millones.

Muchas de las víctimas proceden de comunidades desfavorecidas o marginadas, como maoríes y poblaciones del Pacífico, y también hay personas con discapacidad.

En la mayoría de los casos, “los abusos y el abandono casi siempre empezaron desde el primer día”, según relataron los más de 2.300 sobrevivientes con los que hablaron los investigadores.

La peor parte se la llevaron las víctimas de origen maorí y de la región del Pacífico, que fueron quienes sufrieron mayores niveles de abusos físicos, y que a menudo fueron “degradados por su origen étnico y el color de su piel”, según el informe.

También se descubrió que los niños y las personas en régimen de acogida fueron quienes experimentaron niveles más altos de abusos sexuales entre los diversos entornos de asistencia social.

Según la investigación, "muchos sobrevivientes fueron agredidos sexualmente, violados y obligados a realizar actos sexuales. Los abusos sexuales se utilizaban para castigar e intimidar", señala el informe, que detalla que en ocasiones los agresores traficaron sexualmente con los niños.

“Es una vergüenza nacional que cientos de miles de niños, jóvenes y adultos sufrieran abusos y abandono bajo la tutela del Estado y de instituciones religiosas», afirma el informe.

Muertes y suicidios

“Muchos sobrevivientes murieron mientras estaban bajo tutela, o por suicidio tras recibirla. Para otros, los efectos de los abusos persisten y se agravan, dificultando sus actividades y elecciones cotidianas”, añade el informe.

El primer ministro del país, Christopher Luxon, lo calificó de “día oscuro y triste en la historia de Nueva Zelanda como sociedad”, afirmando que “deberíamos haberlo hecho mejor, y estoy decidido a que lo hagamos”.

Añadió que es demasiado pronto para revelar cuánto pagará el gobierno a las víctimas en concepto de indemnización.

Luxon aseguró que ofrecerá una disculpa formal el 12 de noviembre.

El informe calcula que el coste económico de estos abusos y negligencias oscila entre US$56.900 millones y US$217.000 millones, teniendo en cuenta sus consecuencias negativas, como los costes de la atención sanitaria mental y física, o el que muchos acabaran en la calle sin hogar o cayeran en la delincuencia.

Los abusos también fueron encubiertos por líderes civiles o religiosos, que trasladaron a los agresores a otros lugares y negaron su culpabilidad, por lo que muchas víctimas murieron antes de que se hiciera justicia, añade el informe.

Decenas de víctimas de malos tratos y sus familiares participaron el miércoles en una marcha hacia el parlamento, donde se expusieron los resultados de la investigación.

Los sobrevivientes y sus defensores llenaron la tribuna pública de la cámara mientras se debatía el informe, y muchos más lo observaron desde una sala contigua.

Tras la intervención del primer ministro Luxon, que comparó con la tortura los malos tratos que recibieron los niños en uno de los centros de acogida, el de Lake Alice, muchos se pusieron en pie y entonaron una canción indígena maorí sobre el amor y la unidad.

La palabra de las víctimas

“Durante décadas nos dijeron que nos lo habíamos inventado», afirmó Toni Jarvis, uno de los sobrevivientes, a la agencia de noticias Reuters. “Lo de hoy es histórico y es un reconocimiento. Es un reconocimiento a todos los sobrevivientes que han tenido la valentía de compartir sus historias”.

Jarvis, de ascendencia maorí y pakeha, empezó a estar bajo la tutela del Estado a los 7 años. Su relato a la comisión, lleno de detalles desgarradores, es un retrato de todo lo que fue mal con la política de tutela y acogida en Nueva Zelanda y las consecuencias que tuvo para sus víctimas.

Sufrió abusos sexuales en distintos centros en los que estuvo interno desde los 9 años, entre ellos un hospital psiquiátrico donde era el único niño rodeado de adultos con problemas graves de salud mental. No recibió ningún tipo de educación formal y estas carencias, más el trauma acarreado que le provocó problemas de salud mental, lo dejaron sin oportunidades laborales y acabó refugiándose en el alcohol.

Otro de los testigos de la investigación, el académico Rawiri Waretini-Karena, denunció el “conducto que lleva de la asistencia pública a la cárcel”.

“Cuando entré en el patio de la prisión por primera vez siendo adolescente, sin haber estado nunca antes, ya conocía al 80% de los hombres que estaban allí. Habíamos pasado los últimos 11 años creciendo juntos en centros públicos”, escribió en un artículo de opinión para Radio New Zealand.

“Fue entonces cuando supe que existía un conducto que llevaba a la cárcel, un conducto que lleva décadas arrastrando y canalizando a niños maoríes desde la asistencia pública a la prisión”.

Waretini-Karena entró en la cárcel con 18 años acusado de matar a un hombre. Fue condenado a cadena perpetua pero salió a los 10 años y 7 meses. El suyo es un caso poco habitual. Al salir de prisión logró estudiar y sacar un doctorado en estudios indígenas.

“Aunque somos responsables de nuestros actos, no lo somos de los mecanismos ocultos que operan en el entorno en el que nacemos, privilegiando a una facción a expensas de la otra”, y esos es algo que finalmente reconoce el informe, aseguró el académico.

El informe formuló 138 recomendaciones, entre ellas la de que el gobierno neozelandés se disculpara públicamente, así como el Papa y el arzobispo de Canterbury, jefes de las iglesias católica y anglicana respectivamente, que ya han condenado los abusos a menores.

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