Los legisladores del Movimiento Demócrata Social solicitaron al Tribunal Constitucional Plurinacional una "aclaración, enmienda y complementación" para que precise los "conceptos obscuros" respecto a la sentencia mediante la cual se legalizó tres artículos de la Ley General de la Coca.

"Queremos tener más información sobre los alcances de la sentencia. Es decir, lo que quiso decir el Tribunal Constitucional sobre la autorización de 7.700 hectáreas de coca en el Chapare. La sentencia da por sentado que los cultivos tradicionales están ubicados en el Chapare", cuestionó la diputada Lourdes Millares.

En su petitorio los asambleístas dicen: "solicitamos a vuestras autoridades que en franco resguardo a la aclaración, enmienda y complementación (...) se precise los conceptos obscuros detallados anteriormente y en su caso se corrijan errores materiales o subsane omisiones", señala el documento.

Por su parte el senador Oscar Ortiz explicó sobre las motivaciones para presentar el memorial y pidió a los magistrados enmendar su fallo, de lo contrario se verán obligados a recurrir a tribunales internacionales por una sentencia que no responde a la Constitución ni a Convenciones internacionales.

"Consideramos que existen conceptos que no están claros, y que deben ser dilucidados por este Tribunal, en el sentido de precisar que el artículo 15 de la Ley 906 define y delimita simplemente las zonas de producción de coca y no lesiona la Constitución", citan en el memorial respecto a lo que estableció el TCP.

Sostienen que el Órgano Legislativo se "excedió" al crear una nueva categoría de zona con registro y catastro, cuando la Constitución solo hace referencia a la coca ancestral y originaria principio que debiera acatarse.

Asimismo sostienen que la sentencia contiene contradicciones respecto a las zonas de producción de coca. Y que cuando la Constitución manda a proteger la coca originaria y ancestral, no es otra cosa que resguardar las zonas de cultivo tradicional, las que satisfacen la demanda lícita de coca.

Finalmente sostiene que los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca desafían a la Convención de 1961 sobre estupefacientes, porque al establecer "arbitrariamente" una nueva zonificación de cultivos de hoja de coca, respecto al aumento de la extensión de cultivos de coca hasta 22.000 hectáreas, lo que no sería fruto de un estudio o justificación técnica.