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Determinan detención domiciliaria para Barral sin permiso para trabajar
El diputado opositor y su asistente comparecieron en la misma audiencia cautelar. Un exalcalde del MAS, preso en San Pedro, los acusa de cobros irregulares. La Policía impidió el paso a la prensa y a los familiares
6 de junio de 2019, 19:20 PM
Cerca de las 19:00 de este jueves, concluyó la audiencia cautelar de Amilcar Barral, diputado acusado de extorsión por presuntamente sonsacar dinero al ex alcalde de El Alto, Édgar Patana. La jueza Melina Lima determinó que el legislador de Unidad Nacional guarde detención domiciliaria sin salidas laborales, lo que pone en riesgo su escaño en la Cámara de Diputados. El asistente del parlamentario será trasladado a la cárcel de Chonchocoro.
"Determinan detención domiciliaria, pero si falto cinco días, me sacan de la cámara", expresó Barral a los medios de comunicación al momento de salir de la audiencia. "Esto ya se tornó político, pero lo estamos asumiendo tranquilos", aseguró.
El abogado de Barral, Omar Durán, señaló que se apeló la determinación de la juez Lima, quien además ordenó el pago de 50.000 bolivianos como fianza. Además, considera excesiva la determinación contra Henri G. Q., asistente del parlamentario que será trasladado a la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro, donde permanecerá mientras duren las investigaciones sobre el presunto caso de extorsión.
La audiencia cautelar se inició a las 15:00. En la comparecencia, el diario EL DEBER pudo contabilizar la participación de al menos 14 juristas, entre los que se encontraban tres fiscales, cuatro abogados del Ministerio de Gobierno y uno del Ministerio de Transparencia. Cuatro abogados hacen parte de la defensa de Barral; uno, de Henry G. Q. y otro, de Édgar Patana.
Tanto los abogados de la parte denunciante como de la defensa ratificaron sus posiciones y prepararon sus argumentos en base a la declaración del exalcalde de El Alto, Édgar Patana, quien denunció a Barral por haberlo extorsionado para no realizar denuncias acerca de los supuestos negociados en la cárcel de San Pedro.
A la sesión, pese a que es pública, no pudieron ingresar los familiares de los acusados. Además, la Policía desplegó un plan de seguridad que impidió el paso de los periodistas a la audiencia.
La Fiscalía imputó al diputado Amilcar Barral por los delitos de uso indebido de influencias, extorsión y cohecho pasivo propio.