Jhasmany Ramiro Torrico Leclere, conocido ahora como el abogado 'torturador', redactaba sentencias desde su despacho para jueces que eran parte de su consorcio, a cambio de miles de dólares y con el fin de beneficiar a sus defendidos, según revelaron hoy autoridades del Gobierno. 

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que incluso después de ser detenido preventivamente en la cárcel de El Abra, en octubre de la pasada gestión, operaba para eliminar pruebas que lo incriminen.

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"No solo estamos ante una organización criminal que actuaba bajo modalidades de secuestros, tortura, matonaje y extorsión, como una mafia, sino que este abogado dirigía una organización compuesta por jueces, fiscales, abogados y policías", detalló el titular.

Contó que durante el allanamiento de las oficinas del jurista se secuestraron computadoras y documentos, señalando este abogado que era 'grave' si se llevan esos archivos porque 'podría temblar el Órgano Judicial'", enfatizando que entre los casos emblemáticos están el asesinato de la mejor taekwondista del país, Gloria Adriázola Bustamante, y su hermana, muertas en 2015, además de otro que involucraba a un teniente de la Policía, acusado por feminicidio y que recibió medidas sustitutivas.

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Torrico se refería a los operadores judiciales como "tíos" y anticipó que en las próximas horas otro vocal judicial de Cochabamba será aprehendido. Al momento son siete las personas ya involucradas. 

A su turno, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, afirmó que el abogado habría amenazado de muerte a la fiscal y a policías encargados de su caso. Hoy se reveló una presunta grabación en la que se señalaba la contratación de sicarios para encargarse de la investigadora.