Como un "disparate", así calificó el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, que el Gobierno pretenda, mediante juicio de responsabilidades, hacerle pagar los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó por la derrota en el laudo arbitral del caso Quiborax.

"La irracionalidad de los 42,6 millones de dólares y la imposibilidad absoluta de hacer un pago de cualquier persona particular, pero aquí no está en cuestión el tema de cómo pagas o en qué medida hay que quitarme los bienes habidos y por haber, me hipotecarán por las próximas cinco generaciones, cualquier disparate de esa naturaleza no es el elemento central de análisis", afirmó en entrevista con radio Compañera.

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El fin de semana, el ministro de Economía, Mario Guillén, sostuvo que "los procesos que se han iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente a la recuperación de los 42,6 millones, porque si producto de una mala actuación, como lo que ha pasado en este tiempo".

Mesa ratificó que "Quienes deben responder por estos delitos son el señor Héctor Arce, el señor Pablo Menacho, César Navarro y la señora Elizabeth Arizmendi, porque yo he demostrado palmariamente que no solo no cometí ninguna irregularidad sino que actué apegado a la ley".

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"He llegado a un límite de decir que esto supera todos los límites de lo imaginable, en cuanto a un mínimo de dignidad, de decoro, a un mínimo de pudor, después de la cantidad de irregularidades y delitos que han cometido como Gobierno del presidente Evo Morales en esta vergonzosa defensa de Quiborax, he llegado a un punto de decir que si uno cree que pueda encontrar un mínimo de honestidad intelectual de nuestros gobernantes y un mínimo de acción que esté en consistencia con valores morales básicos, este límite, que yo creía que existía, está totalmente perdido", acotó el exmandatario. 

La pasada semana el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, dijo que en la sesión del miércoles 25 será analizado el requerimiento acusatorio de la Fiscalía General para el inicio de un juicio de responsabilidades contra Mesa por el caso Quiborax.