Unos 6.658 adultos mayores fueron suspendidas del cobro de la Renta Dignidad en Bolivia por presuntamente haber incurrido en  irregularidades, sin embargo, la Defensoría del Pueblo emitió esta jornada una propuesta para que la sanción que cumplen no tenga un carácter definitivo y se les pueda restituir, eventualmente, dicho beneficio.

"Se remitió el anteproyecto de modificaciones al Decreto Supremo al Ministerio de la Presidencia, con copia a todas las instituciones competentes, para limitar las suspensiones de pago de la renta dignidad, que actualmente se aplican sin un plazo determinado", afirmó David Tezanos.

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La propuesta normativa establece la regulación de la contravención administrativa de cobro indebido de la renta universal de vejez, una sanción predeterminada, proporcional, no indefinida, y el procedimiento administrativo sancionador específico, en el marco de la seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la defensa y acceso a la justicia de las personas adultas mayores.

La iniciativa permitiría que en cualquier momento un beneficiario pueda desvirtuar la comisión de la contravención y solicitar el levantamiento del bloqueo preventivo; asimismo, establece la notificación obligatoria a instancias de protección de personas adultas mayores, con la finalidad de que asuman defensa.

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"Finalmente, el procedimiento planteado, evita que se continúen realizando cobros indebidos, la devolución del cobro indebido en favor del Estado y cuando corresponda el establecimiento de una sanción, precautelando los recursos públicos de la Renta Dignidad para la totalidad de beneficiarios”, añadió el defensor. 

Recuerda que la Renta Dignidad, es una medida de acción positiva otorgada constitucionalmente a favor de las personas adultas mayores, en el marco de sus derechos fundamentales a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Tiene un carácter es universal y vitalicio, es decir, que es otorgada a todas las personas adultas mayores, durante toda su vida a partir de los 60 años.