El ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó hoy que el juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por el caso Quiborax fuera planificado o armado premeditadamente y ratificó que no se trata de un acción de "persecución política".

"Este es un caso de confiscación, es una confiscación que se hizo sin aplicar el procedimiento legal y en eso no tenemos ninguna responsabilidad, ese no es un hecho político, no es una persecución política ni nada que se parezca", aseveró la autoridad.

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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) definirá el futuro del expresidente y vocero de la causa marítima, tras que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolviera remitir a esa instancia el requerimiento acusatorio.

Romero sostuvo que "lamentablemente no tenemos nosotros la culpa de que no lo hayan asesorado en su momento", enfatizando que "no es algo que se haya planificado premeditadamente ni armado ni nada que se parezca".

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"Se ha presentado este proceso, lamentablemente afecta al expresidente y a exministros de Estado", agregó la autoridad, explicando que en su momento el exjefe de Estado, Eduardo Rodríguez Vetlzé, ya brindó explicaciones sobre el caso Quiborax.