Ante las denuncias de pobladores de algunas regiones del país, sobre todo en La Paz y El Alto, de haber recibido facturas con precios elevados por los servicios de agua potable y energía eléctrica, el diputado Franklin Flores anunció la petición de un informe a los ministros de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, y de Energías, Rodrigo Guzmán.
“Vamos a trabajar para que los ministros de Medio Ambiente y Agua, y de Energías informen sobre todos estos extremos con relación a las facturas del agua y de la luz, porque son dos ministerios importantes que son parte de los servicios básicos y la gente está reclamando”, dijo el legislador.
El 31 de marzo de 2020, la presidente transitoria, Jeanine Añez, promulgó la Ley de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción del Pago de Servicios Básicos, para apoyar a los diferentes sectores de la población boliviana afectados a causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19 y que obligó a establecer una cuarentena nacional.
La norma determina que el consumo de servicios básicos debe ser diferido, sin multas ni sanciones, durante la declaratoria de emergencia y establece la reducción del 50% de la facturación del consumo de agua potable, electricidad y gas domiciliario mientras dure la emergencia por el Coronavirus.
“Nos sorprende que nos digan que no se paga el agua durante la cuarentena y que luego estén cobrando sumas exorbitantes, esto requiere una investigación porque no pueden actuar al margen de la ley”, agregó el diputado.
A partir del 8 de junio, aquellos usuarios que tengan dos o más facturas acumuladas sin pagar y los que no hubiesen solicitado un plan de pago, pasarán al servicio 'Mantengámonos Conectados'. No habrá condonación de deudas.