La Fiscalía General del Estado procedió a la conformación de una comisión para investigar el presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Su titular, Juan Lanchipa, informó que se realizó el secuestro de la documentación del Ministerio de Salud y se precintaron las oficinas de su dirección jurídica, desde donde se elaboró el contrato para la adquisición de los equipos.
“Se ha instruido a la Fiscalía Departamental de La Paz la conformación de una comisión de fiscales para la investigación minuciosa, transparente y objetiva sobre la adquisición de estos equipos”, explicó la autoridad en un comunicado público.
Anticipó también la conformación de una comisión especial de seguimiento y supervisión desde la Fiscalía General, detallando que, hasta el momento, son cuatro los personeros del Ministerio de Salud aprehendidos, el director jurídico y tres de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).
La autoridad llegó a dependencias de la Fuerza Anticrimen, donde presta su declaración por el contrato de adquisición. El ministro de Justicia había anticipado que la autoridad sería investigada
Sin embargo, también anticipó que se solicitó un informe al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instancia encargada de financiar y trasladar los respiradores al país, pero también se verá si funcionarios de la Cancillería estuvieron involucrados.
“Se verá el grado de participación de los involucrados y vinculados en la compra directa, desde la unidad solicitante hasta la conclusión. También si hay servidores públicos vía Cancillería, si existen empresas intermediarias y el número de proveedores”, acotó Lanchipa.
La autoridad señala que existe gente del anterior Gobierno que mantiene sus cargos y se dedica a confabular. Admite que el sobreprecio hace que disminuya la fe de la población en sus autoridades