El informe que elaboró la comisión especial mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investigó la compra de respiradores, insumos y equipos para la atención de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus, será analizada la próxima semana por el pleno de diputados y senadores, y pasará al Ministerio Público.

Se trata de 7.000 fojas de documentación revisada y 204 páginas de conclusiones, según el titular de esa instancia, Ciro Zabala. “Si es aprobado será entregado al Ministerio Público, nosotros fiscalizamos no juzgamos, quien tiene que hacer el acto de juzgamiento y la investigación profunda de las cosas es el Ministerio Público”, dijo.

Esa instancia estuvo conformada por tres senadores y seis diputados representantes de las tres bancadas políticas, quienes trabajaron durante nueve sesiones, en tres meses y medio, de forma presencial y virtual debido a las restricciones laborales por la pandemia del coronavirus.

Los asambleístas realizaron la investigación de cuatro casos: Respiradores I sobre la compra de 170 respiradores españoles; Respiradores II sobre la compra de 324 respiradores chinos; denuncias sobre la atención en la Caja Nacional de Salud y el caso de suministro de oxígeno medicinal.

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Por su parte el senador, Edwin Rodríguez, adelantó que el informe final de la comisión recomienda “iniciar el proceso correspondiente a todas las autoridades involucradas en estas 7.000 fojas (de documentos oficiales) y quienes no asistieron a los llamamientos que hizo la comisión y (…) sea remitido al Ministerio Público por incumplimiento de deberes y otros tipos penales que se ajusten”.

Son 54 personas identificadas como presuntas responsables de las irregularidades por la adquisición de caso los equipos españoles, cuyo precio en el mercado, según la comisión, es de $us 400, pero fueron adquiridos en $us 28.000 cada uno; y los chinos, que presentan desperfectos y que habrían incrementado su costo, según el Gobierno, por la alta demanda que existía por la pandemia del Covid-19.

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