Ignacio Mazarrasa, representante de la empresa IME Consulting, considera que el proceso judicial abierto por la compra de los 170 respiradores para Bolivia es un “montaje político” y se siente perjudicado por el incumplimiento de la totalidad del pago.
Según el diario Correo de España, el empresario afirma que todo el escándalo surgió por la fuerte presión que la oposición está sometiendo al Gobierno, a falta de apenas tres meses para que se celebren las elecciones en Bolivia.
De acuerdo con el reporte, Mazarrasa expresó su intención de llevar adelante el asunto con “transparencia total”. Dijo que se contactó con el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, para remitirle la documentación sobre la contratación.
Detalla que su firma iba a percibir un 20 por ciento de los más de 4 millones de euros de la transacción. Es decir, su margen se situaba en torno a los 800.000 euros, algo más de 870.000 dólares.
La comisión de fiscales dispuso que sea imputado y cautelado en las próximas horas. Cuando compareció ante el fiscal reveló que los intermediarios iban a recibir más de un millón de dólares por la compra
También abrió la posibilidad de recibir los respiradores si las autoridades bolivianas no están conformes con la operación y analiza, además, la posibilidad de iniciar una demanda por “daños y perjuicios”, si es que no se le abona, en 48 horas, el pago restante.
Esa firma advirtió con no proporcionar el software ni entregar los accesorios al país si es que no se cumplía con el contrato. Los equipos que llegaron al país debían ser actualizados en cinco días para que funcionen.
El exabogado de Gabriela Zapata realizó una declaración desde Perú. El supuesto “testigo clave” ayer lo involucró en la investigación del presunto sobreprecio en la compra de los equipos españoles