Los transportistas de Santa Cruz están en emergencia debido a que el golpe económico derivado, principalmente, por la emergencia sanitaria del Covid-19 sigue haciendo mella en su día a día. En este sentido, piden que el Gobierno central atienda cuatro aspectos que oxigene su trabajo.
Al menos 10 entidades que aglutinan al transporte cruceño enviaron cartas a la Presidencia y a las cámaras de diputados y senadores exponiendo las siguientes demandas:
1. Ampliación del plazo de la 'Ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos bancarios y reducción temporal del pago de servicios' por un término de 12 meses desde dictada esta norma, es decir, hasta mediados de 2021.
2. La anulación de los intereses y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional (accesorios, seguro y otros) también por un término de 12 meses, según lo expuesto por Mario Guerrero, secretario general del Sindicato de Transporte Santa Cruz.
3. Los transportistas también observan que las multas por infracciones a las normas de bioseguridad son muy elevadas (Bs 2.000), por lo que consideran que un atentado contra la economía, tomando en cuenta las restricciones en cuanto a horarios de trabajo y cantidad de pasajeros que viajan en las unidades de transporte.
Piden que las multas del sistema también sean condonadas y las autoridades correspondientes velen porque se cumplan las medidas de bioseguridad por los pasajeros, ya que todavía no se instalan los hábitos sanitarios de manera óptima.
4. La ampliación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es la cuarta demanda. Piden que se extienda durante la gestión 2021 y no así hasta abril del mismo año, como lo dictó el Gobierno de Jeanine Áñez.
El ministro de Economía, Óscar Ortiz, señaló que se adoptó la medida con el propósito de apoyar la economía familiar y del sector del transporte, tanto público como privado, tomando en cuenta que durante la cuarentena total paralizó sus actividades por varios meses
"El anterior Gobierno emitió decretos que han vulnerado nuestra libertad de trabajo, afectando seriamente a la economía de los transportistas y a la de choferes asalariados de Santa Cruz. Nos encontramos afectados económicamente siendo que no existen suficientes ingresos para nuestro sector", reza parte del documento al que tuvo acceso EL DEBER.
A estas demandas se suman entidades como el Sindicato de Transportistas Andrés Ibañez, la Federación de Transporte 16 de Noviembre, el Sindicato 21 de Mayo, entre otros. Suman más de 15.000 transportistas agremiados.