Un grupo de manifestantes, denominados ‘deudores de buena fe’ protagonizó este miércoles una marcha de protesta en contra de la “persecución judicial” de la que acusan a los bancos del sistema financiero contra personas que no pueden pagar sus créditos, afectados por la actual situación económica del país.
La protesta se realizó en La Paz, en puertas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Allí entregaron una carta, con un pedido de 10 puntos, dirigida a directora de la entidad Ivette Espinoza, a quien solicitaron que se instruya la “paralización de la persecución oficial” por el lapso de un año y medio de los procesos monitorios coactivos y remates de inmuebles.
Los deudores manifestaron que el diferimiento y/o reprogramación realizada en época del Covid-19 generó un desfase de acumulación de intereses y cuotas que no se pueden pagar.
El representante de la Asociación de Deudores de Buena Fe y Víctimas de los Bancos de La Paz, Carlos Bautista, aseguró: “La banca nos aprieta por todo lugar, con el abuso de los intereses sobre intereses” y que los afectados son alrededor de un millón y medio de prestatarios en todo el país.
Otro de los puntos solicitados a la ASFI es la condonación total de intereses y reprogramar el pago de capital de las deudas, de acuerdo con la capacidad de pago de los deudores, por la situación de iliquidez que atraviesa el país. Así también, que se activen las pólizas de los deudores fallecidos y los declarados con discapacidad, incluyendo los de la pandemia por el Covid-19.
Del mismo modo, pidieron “que desaparezca la calificación financiera y los castigos de sistemas privados públicos que funcionan como muerte civil y discriminatoria; dar un verdadero asesoramiento a la población boliviana sobre los créditos los contratos las formas de pago, sus consecuencias y revisar los contratos que no hayan sido adecuadamente explicados a sus contrayentes de cada una de las deudas. Contrato no explicado debe ser renovado”, solicitaron.
Por último, pidieron amnistía a los deudores de Impuestos Nacionales y sus infracciones desde Bs 500.000 hacia abajo, que sea “borrón y cuenta nueva” de todos los ciudadanos sin distinción.
En un comunicado difundido el mediodía de este miércoles, la ASFI, aseguró que “en todo momento se precautelan los derechos de los consumidores financieros, en el marco de las leyes y regulaciones vigentes, para lo cual, se han implementado disposiciones, normas y mecanismos, destinados a garantizar que los contratos y prácticas financieras se realicen de manera justa y transparente”.
La entidad acusó a las “supuestas organizaciones de deudores en mora”, de pretender desinformar a los prestatarios y evitar que los mismos cumplan adecuadamente sus obligaciones financieras, con las entidades de intermediación financiera de nuestro país.
“El objetivo de la regulación y supervisión financiera es proteger los ahorros de todos los bolivianos que tienen cuentas en los bancos y otras entidades financieras, las cuales realizan la actividad de intermediación financiera, que consiste en la captación de recursos provenientes de los ahorros de la población, para disponer en forma de créditos a todos los prestatarios que así lo requieren, debiendo estos ser recuperados, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 393 de Servicios Financieros”, indicó.
La autoridad señaló también que, en respuesta a los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus, conflictos sociales y problemas por inclemencias climáticas, “determinó medidas de alivio financiero, incluyendo reprogramaciones, refinanciamientos y periodos de gracias en favor de los prestatarios, diseñadas para mitigar el impacto de la pandemia en la economía y facilitar la estabilidad financiera de las personas que tienen deudas en el sistema financiero boliviano”.
Las remesas que se reciben del extranjero se siguen pagando en moneda nacional a un tipo de cambio de Bs 6,97. Los envíos a Bolivia cayeron hasta un 8,87% y un economista lo atribuye a la falta de la divisa