ECONOMÍA
Plantean liberar exportaciones previa presentación de plan quinquenal de inversión y producción
El objetivo es aumentar la productividad y el flujo de producción, incrementando las exportaciones y la llegada de divisas
Los recientes anuncios del presidente Luis Arce en conmemoración de los 199 años de independencia sobre la política económica han generado críticas entre economistas, quienes destacan la falta de ajuste fiscal y cuestionan la propuesta de un referéndum para decidir el futuro de los subsidios a los combustibles.
José Gabriel Espinoza, ex director del Banco Central de Bolivia, criticó que no se haya mencionado la necesidad de ajustar el gasto fiscal, lo cual considera fundamental para enfrentar la situación económica actual. Además, advirtió que la instrumentalización de la gestión económica para llevar adelante medidas políticas, como la redistribución de escaños, podría generar conflictos regionales.
En la misma línea el consultor y economista Christian Aramayo cuestiona la falta de un plan claro para ajustar el gasto fiscal. "Sin un ajuste fiscal adecuado, cualquier medida para manejar la crisis económica será insuficiente", advirtió. "Es crucial que el gobierno implemente políticas fiscales responsables que permitan estabilizar la economía y generar confianza entre los inversionistas."
A su vez, el economista Mauricio Ríos García expresó su oposición a la idea de realizar referéndums económicos. Según Ríos, el gobierno debe asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones, o de la falta de ellas, y enfatizó que la actual situación económica es resultado de políticas económicas implementadas desde mayo de 2006. Para Ríos, un referéndum no es una solución adecuada para cuestiones económicas complejas que requieren decisiones firmes y responsables por parte del gobierno.
Por su parte, Roberto Laserna criticó en la red X (antes Twitter) la propuesta del referéndum sobre los subsidios a los carburantes, sugiriendo que es una medida poco seria. "¿Por qué no hace otro para que decida si la cerveza debe ser gratuita?", comentó irónicamente, subrayando lo que considera un enfoque populista e ineficaz para resolver problemas económicos de fondo.
La falta de un plan para ajustar el gasto fiscal es otro punto de crítica común entre los economistas. Muchos consideran que, ante la situación económica actual, es esencial que el gobierno implemente medidas para controlar el gasto público y estabilizar la economía. Sin un enfoque claro en el ajuste fiscal, la preocupación es que las medidas propuestas no sean suficientes para enfrentar los desafíos económicos que enfrenta Bolivia.
Sobre este tema, Espinoza consideró que el referéndum propuesto para discutir el levantamiento total del subsidio a la gasolina es una de las medidas más arriesgadas anunciadas por el presidente Arce. Explicó que si la población vota a favor de mantener la subvención, se pondría en riesgo la estabilidad económica del gobierno actual y del próximo. Por otro lado, si se vota por el levantamiento, Arce solo cumpliría con esa acción sin abordar el problema de fondo, que requiere más medidas. Además, Espinoza subrayó que la falta de datos fiscales transparentes hace que el país enfrente esta consulta a ciegas.
Según Aramayo, la propuesta de un referéndum para determinar el futuro de los subsidios representa una abdicación de responsabilidades por parte del Gobierno. "No es adecuado delegar decisiones económicas complejas a un voto popular cuando se requiere una gestión técnica y responsable", afirmó el economista. "El gobierno debe asumir la responsabilidad de sus políticas y las consecuencias que estas puedan tener."
Aramayo subrayó que la economía boliviana enfrenta desafíos significativos que no pueden ser resueltos mediante consultas populares. "El problema de los subsidios a los combustibles es solo una parte de un panorama económico más amplio y complicado", explicó. "La eliminación de los subsidios requiere un plan integral que contemple el impacto social y económico, así como medidas de compensación adecuadas."
En un documento enviado a EL DEBER, el académico concluyó su análisis instando al presidente Luis Arce a reconsiderar su enfoque y adoptar medidas que aborden los problemas estructurales de la economía boliviana. "Es hora de que el Gobierno asuma su papel en la gestión económica y tome decisiones firmes para el bienestar del país", afirmó.
El economista José Gabriel Espinoza ha expresado su escepticismo y críticas con respecto a los recientes anuncios del presidente Luis Arce en materia económica. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Espinoza destacó varias preocupaciones sobre la efectividad y el impacto de las medidas anunciadas.
El economista criticó que muchos de los anuncios del presidente son reciclados, mencionando la liberación de exportaciones, incentivos tributarios para las plantas de biocombustibles y el uso de criptomonedas, las cuales, según él, no fueron explicadas adecuadamente. El economista argumenta que estas medidas no traerán dólares ni resolverán problemas económicos a corto plazo.
Uno de los puntos más críticos señalados por Espinoza es la eliminación parcial de la subvención a la gasolina. Según él, el impacto de esta medida depende de la demanda por las gasolinas a precio liberado y del abastecimiento de gasolina subvencionada por parte del gobierno. Advirtió que si el gobierno falla en la provisión de gasolina especial, la población podría percibir esta medida como un "gasolinazo" encubierto. Señaló que esta acción no traerá dólares al sector privado, sino que solo reducirá la demanda de divisas para el gobierno.
El analista también se refirió a las cumbres convocadas con empresarios y sectores sociales para discutir el tipo de cambio, las importaciones y exportaciones. Según Espinoza, estas reuniones podrían ser un intento de eludir la responsabilidad de realizar cambios en el tipo de cambio y podrían servir para implementar medidas que capturen divisas del sector privado.
En resumen, los economistas instan al Ejecutivo a asumir la responsabilidad de las decisiones económicas y a implementar políticas que aborden los problemas estructurales, en lugar de recurrir a soluciones que consideran insuficientes o inadecuadas, como el referéndum propuesto.