El 12 de junio, el Gobierno nacional determinó recurrir a los militares para sostener la lucha contra la escasez de combustibles y el contrabando “a la inversa” de alimentos en las fronteras. Supone un intento desesperado por revertir las colas en los surtidores y frenar las amenazas de bloqueo del sector transporte.
“Estamos cumpliendo el lineamiento que ha dado el presidente (Luis Arce) para controlar y fiscalizar las estaciones de servicio conjuntamente los militares que nos acompañan”, informó este jueves el director Distrital de la ANH, Jorge Loayza, desde el surtidor Tupac Katari, en la ciudad de La Paz.
Distintos economistas, analistas y políticos han criticado la decisión presidencial y surgió nuevamente la propuesta de liberar la importación de carburantes para que sean los sectores productivos los que importen y así liberar -en parte- una carga para el Estado.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado, las importaciones de carburantes aumentaron a 2.265.565 toneladas, con un valor de $us 2.848 millones. Mientras que, en 2014, el Estado importó 1.059.779 toneladas de combustible, por un valor de $us 1.109,9 millones.
En un reporte sobre el panorama de los carburantes en Bolivia, el portal Infobae recogió los datos y destacó que el valor de las importaciones de gasolina y diésel en Bolivia casi se triplicó en la última década, entre 2014 y 2023. Durante ese período, el Estado gastó $us 14.315 millones en la compra de ese tipo de productos derivados del petróleo.
En ese marco, las importaciones crecieron un 114% en términos de volumen y un 157% en términos de valor. El combustible más importado fue el diésel, tanto en volumen como en valor.
El mismo presidente, Luis Arce, reconoció el declive de la producción de diésel desde 2016 a causa de la falta de una política hidrocarburífera clara en el país. El mandatario reveló que el Estado importa el 86% del diésel y el 56% de la gasolina consumida en el mercado interno.
Sin embargo, Arce aseguró que "ahora estamos haciendo lo correcto”, con 28 proyectos exploratorios aprobados desde 2021, que YPFB tiene en ejecución. “Nosotros sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es una política hidrocarburífera que vaya a garantizar no solamente los niveles de gas de reserva de gas que tenemos, sino también generar al mismo tiempo las reservas de diésel y gasolina que vamos a necesitar para no estar importando”, destacó.