La apertura al diálogo que ha demostrado el Gobierno, con el sector privado en los últimos días, ha sido aplaudida, pero a la vez rechiflada. La mañana del miércoles lanzó tres decretos para la importación de harina y trigo con arancel cero; importación de equipos con arancel cero para plantas de biodiésel, y la regulación de aplicaciones móviles para transporte de pasajeros.

Sin embargo, pocas horas antes del lanzamiento de estos decretos, el martes por la noche, el “gabinete social” del Gobierno, los movimientos sociales, propusieron un control de las divisas de las exportaciones “para garantizar la circulación del dólar”; que existan incentivos en cuanto al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), y se controlen el agio y la especulación.

La propuesta fue vehementemente rechazada casi por todos los actores económicos del país, la mayoría mientras iba rumbo a La Paz, al “Diálogo nacional por la economía y la producción” con el presidente Arce.

Economistas y representantes de sectores productivos del país, observaron que los decretos aprobados el miércoles, pretenden ejercer un mayor control sobre la producción en sectores clave como la producción de alimentos, afectados actualmente por la sequía, escasez de diésel y dólares.

El empresario cochabambino y ex presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, consideró “interesantes”, las medidas, sobre todo la de importación de harina y trigo, ya que evitará el desabastecimiento del principal insumo para la elaboración del pan, elemento fundamental en la canasta básica de los bolivianos.

“Pero, el tema que Emapa o Insumos Bolivia tengan que distribuir o tengan que vender, obviamente eso ya se genera una cierta susceptibilidad en cuanto a precios y distribución”, dijo en relación al anuncio del ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, quien indicó que el Gobierno, a través de Insumos Bolivia, importará 60 mil toneladas de trigo para la Empresa de apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

En cuanto al incentivo para importar equipos para producir biodiésel, Laredo consideró que YPFB no debería ser el único destinatario de la producción. “No va a ser tan atractivo poder invertir 30 millones de dólares una planta para poder estar sujeto a los precios que puedan imponer Yacimientos. Más bien, (los productores) deberían tener la libertad de poder ofertar ese producto directamente al consumidor y que no pase por YPFB”, apuntó.

Laredo también descalificó la intrusión del Gobierno para regular las aplicaciones móviles: “creo que eso también ya es centrarse en un tema privado (...). Estamos empezando por una, cuidado que el día de mañana sea otra y otra, y estemos cada vez siendo más cercados en que nos controle el Gobierno”, remarcó.

Insuficiente para el agro

Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), su gerente, Jaime Hernández, indicó que uno de los decretos beneficia a los importadores de harina de trigo, que se presume que serán las industrias molineras del país y Emapa, que va a necesitar importar grano de trigo para cumplir con sus compromisos de abastecimiento de harina a los panificadores y que el precio del pan no se incremente.

“Porque además, Emapa no podrá acopiar el trigo producido en Santa Cruz en esta campaña de invierno, porque el precio ofertado, de 430 dólares la tonelada, es menor al precio ofrecido por las industrias molineras que están pagando 500 dólares la tonelada. Asumimos que la principal preocupación viene de Emapa, que necesita adquirir una cantidad importante de grano de trigo para cumplir sus compromisos de abastecimiento de harina a los panificadores, principalmente del occidente del país”, precisó.

Sin embargo, para el gerente de Anapo, la medida genera más dependencia de la importación para tener seguridad alimentaria. “Como sector productivo, nos preocupa que no existan medidas efectivas para aumentar la producción de trigo, ni con el precio de incentivo que debió haber ofrecido Emapa en esta campaña de invierno, porque siempre estuvo por debajo de las expectativas de los productores; ni con la aprobación del evento de biotecnología HB4 tolerante a sequía que, como Anapo presentamos hace dos años y no tenemos ninguna respuesta hasta el momento, y ni con una línea de financiamiento para incentivar a los productores a producir trigo”, dijo.

Hernández cuestionó la ausencia de las medidas para incentivar la producción de trigo en el país y, más bien, solo se emiten medidas para promover la importación y seguir dependientes de la producción de otros países.

Al mismo tiempo, consideró que “es importante generar incentivos para la producción de otros cultivos potenciales oleaginosos como el cusi, totaí, entre otras (para la producción de biodiésel), pero sus resultados serán de mediano y largo plazo porque, además, se requieren de proyectos que demuestren su viabilidad técnica y financiera para producir”.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Rolando Morales, manifestó que es fundamental que el Gobierno deje de monopolizar toda la producción alimentaria, principalmente y, más al contrario, deje la responsabilidad de inversión al sector privado.

“Nos ha parecido saludable la autorización para la liberación con arancel cero para la importación de equipo y maquinaria para la aplicación o transformación de biodiésel, y la importación de harina de trigo y el grano. En este caso particular (trigo y harina) vemos que existe cierta dilación en los mandos medios inferiores del aparato público y eso genera una burocracia que desincentiva a quienes quieren confiar nuevamente en el país”, dijo Morales.

Lamentó también el pedido de controlar los dólares de los exportadores, en un momento cuando el Gobierno está teniendo cierta apertura con los privados. “Su modelo económico está virando hacia las corrientes que, hoy por hoy, el mundo exige. No voy a decir del liberalismo, pero de cierta responsabilidad mayor hacia el privado y, hoy pretender querer controlar las divisas del sector privado es un tema que hay que analizarlo, pero no creemos que en la coyuntura actual y en el momento sea lo oportuno”, indicó Morales.

Intervencionismo



Para el economista Darío Monasterio, las recientes señales que ha dado el Gobierno demuestran “mucha intervención del Estado en la oferta y la demanda”, lo que puede generar un efecto contrario al consumo y la inversión, que es lo más necesario para poder salir de la situación económica actual.

“Se debe dar señales, no solo internamente, sino al mundo, de que Bolivia es un país que tiene las facilidades para hacer negocios. El mercado tiene que ser lo más libre posible para que nos compren productos e ingresen divisas, pero eso es produciendo más para poder tener un excedente y vender al exterior”, subrayó.

Al mismo tiempo, consideró que la señal de “querer controlar” la producción es contraria a la libertad de producción. “Esa es la situación que se debe dar: libertad para inversión y libertad para exportación, para que podamos dar señales al mundo de que nos pueden comprar productos y ser un país de receptor de inversiones”, agregó Monasterio.

Por su parte, la presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, se refirió a la regulación de las aplicaciones para el transporte de pasajeros, lo cual -indicó- va a desencadenar en un aumento del precio o que las empresas propietarias de los servicios se vayan del país.

“Nos ha costado bastante que estas aplicaciones ingresen al país. Esperamos que pueda revisarse y que el Ministerio de Obras Públicas pueda clarificar para que podamos entender a qué quiere llegar, porque la excesiva regulación sólo provoca mayor caos y, lo que nosotros necesitamos ahora es atraer certeza, confianza de la población, que si quieren llevarnos al sector formal, pues obviamente darles incentivo, pero no tratar de estrangularlos”, señaló.

“En el tema de los biocombustibles, no sería tan acertada la medida, porque el tema de producción y el tema del uso de la biotecnología, deberían ir de la mano para acrecentar nuestra producción y se pueda exportar mucho más y no se aumente la frontera agrícola”, añadió Pacheco.

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