El Órgano Ejecutivo aprobó, la noche del miércoles 13 de noviembre, el Decreto Supremo N° 5271, para la importación y comercialización de diésel y gasolinas en el mercado interno, por parte de personas naturales o jurídicas privadas.
Durante la jornada de este jueves, surgieron serias interrogantes sobre la medida, que debe estar reglamentada en cinco días, como lo establece la misma norma en una de sus disposiciones transitorias. Analistas, periodistas y público en general buscaron respuestas en personeros del Ministerio de Hidrocarburos, de YPFB y de los productores, éstos últimos los principales iniciadores de la libre importación.
Para comprar cualquier bien o servicio en el exterior del país, se necesita la divisa estadounidense, que es la que domina el mercado, por lo menos en esta parte del mundo. Tanto los bancos privados, como el estatal Banco Unión, tienen dificultades para proveer dólares para los usuarios que realizan giros al exterior.
De acuerdo con las autoridades gubernamentales del sector hidrocarburos, los surtidores también están autorizados a comercializar el combustible importado por privados. La duda surge en el parágrafo II del Artículo 2 del Decreto, que indica: “La persona natural o jurídica privada que importe diésel y gasolinas para la comercialización en el mercado interno únicamente podrá comercializar productos importados”. ¿Los surtidores no podrán importar y vender? ¿Deberán construir nuevos surtidores?
La misma duda surge en el Artículo 6 (Prohibición), en el inciso “c”: “La persona natural o jurídica privada que importe diésel y gasolinas queda prohibida de comercializar en el mercado interno productos subvencionados.
El presidente de YPFB dijo el miércoles que una solicitud para importar diésel, actualmente demora unos 10 días, incluyendo trámites ante la Aduana Nacional y la Dirección de Sustancias Controladas. Los productores pedirán el viernes que ese tiempo se reduzca a tres días.
El Artículo 4 del nuevo Decreto (Requisitos para la importación) indica que la persona natural o jurídica privada, para importar diésel y gasolinas debe contar con la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, conforme a la Resolución Ministerial aprobada por el Ministerio de Gobierno.
Uno de los aspectos más polémicos del Decreto es el referido al precio. Se supone que con la “libre importación”, el precio deberá ser fijado por el mercado (oferta y demanda), pero en el Artículo 8 - (Metodología para el cálculo de precios), se detalla en el parágrafo I que “para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, mediante Resolución Ministerial establecerá la metodología para el cálculo de precios, según el producto a ser importado.
En el parágrafo II, señala que la ANH establecerá los precios en base a la metodología aprobada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
En el Artículo 9 (Alícuota específica del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados), se establece una alícuota específica del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), para la importación de diésel y gasolinas, “de acuerdo al anexo que forma parte del presente Decreto Supremo”.
En diciembre de 2023, el Gobierno aprobó el DS 5048, que establece un gravamen arancelario del 0% para la importación de petróleo crudo y diésel oil. En cuanto a la gasolina, se conoce que no cuenta con preferencias arancelarias y tiene que pagar tributos aduaneros como cualquier otro producto.
Es una de las dudas que más preocupa a las familias bolivianas. Con las múltiples dificultades que se tiene para la provisión de carburantes en el país, se ha experimentado un alza considerable de los productos de la canasta familiar. Con la importación de combustibles a precios internacionales, sin subsidios, analistas han calculado que el precio del diésel podría comercializarse entre Bs 12 y 14 para el consumidor final, lo que podría incidir en los costos de producción de alimentos.
La Cámara Agropecuaria del Oriente solicitará al Gobierno, este viernes, que sea el mercado el que fije el precio.
Parte del Ejecutivo llegará este viernes a Santa Cruz, donde se analizará la reglamentación del DS 5271, que establece que la ANH establecerá los precios en base a la metodología aprobada por el Ministerio de Hidrocarburos