El Gobierno boliviano ha presentado un ambicioso Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025, el cual plantea un incremento del 12% con respecto al presupuesto aprobado para 2024. Esta propuesta, que eleva el gasto consolidado a Bs 296.565 millones ($us 42.609 millones al tipo de cambio oficial), provoca un intenso debate en el ámbito económico, especialmente considerando el contexto actual del país, marcado por la escasez de dólares, combustibles y una creciente inflación.

El proyecto estima un crecimiento económico del 3,51%, un déficit fiscal del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una tasa de inflación del 7,5% el próximo año. Asimismo, se garantiza la subvención a hidrocarburos y alimentos. El PIB previsto está por encima de las proyecciones del FMI, Banco Mundial y Cepal (1,5% a 2,2%).

El presupuesto de Inversión Pública para 2025 será de 4.024
millones de dólares y se destinará principalmente a aquellos sectores estratégicos generadores de excedentes en materia de hidrocarburos, electricidad, y minería.

Carlos Aranda, investigador del Centro de Estudios Populi, considera que el PGE 2025 enfrenta desafíos significativos para la economía boliviana. El aumento en el gasto estatal, que representa un 84% del PIB proyectado para el
próximo año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se percibe como desproporcionado en relación con la capacidad productiva del país. Esta tendencia hacia un gasto expansivo resalta la fragilidad de las finanzas públicas bolivianas, que continuarán lidiando con un déficit estructural y persistente.

El PGE 2025, como en años anteriores, es deficitario, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad. Se estima que el financiamiento externo alcanzará los 23 mil millones de bolivianos ($us 3.400 millones). Sin embargo, la alta prima de riesgo del país, que supera los 1.900 puntos básicos, dificulta el acceso a estos recursos en los mercados de deuda.

Esta situación -según Aranda- refleja la limitada credibilidad de Bolivia ante los inversionistas, lo que sugiere que cualquier financiamiento externo, si se logra, será a un costo financiero elevado.

Apuesta por el endeudamiento interno

Las ‘Otras fuentes internas’, que históricamente han sido utilizadas
para cubrir déficits, también generan inquietudes. En el pasado,
este sector ha dependido principalmente de créditos directos del
Banco Central de Bolivia (BCB) al Tesoro General de la Nación (TGN).

La dominancia fiscal sobre la política monetaria limita la capacidad del BCB para estabilizar el valor de la moneda nacional, lo que aumenta la incertidumbre
cambiaria. “La inversión pública, presentada como un motor de crecimiento,
enfrenta limitaciones significativas. Su ejecución dependerá casi
exclusivamente de la disponibilidad de financiamiento externo, lo
que, en un contexto de restricciones financieras, ha resultado en
bajos niveles de ejecución en años anteriores. Si bien esto no necesariamente indica malas noticias, sí pone de manifiesto la falta de credibilidad de las metas presupuestarias fijadas en el PGE”, afirma el investigador de Populi.

Desde la perspectiva de Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, el PGE 2025 refleja una aceptación del Gobierno de la difícil situación económica que atraviesa el país.

Según Romero, la baja tasa de crecimiento, la alta inflación y el elevado déficit público son evidencia de que el Gobierno ha optado por aumentar el gasto. Al elevar el presupuesto en un 12% respecto al año anterior, se refuerza la idea
de que la administración apostará por el endeudamiento interno y buscará financiamiento externo en la medida de lo posible.

Mantienen subvención a hidrocarburos

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, ha confirmado que el PGE 2025 mantendrá la subvención a los combustibles importados, lo que representa una erogación significativa para el Estado. Actualmente, el Gobierno
destina $us 56 millones semanales a garantizar el subsidio.

Esta dependencia de las importaciones, donde se importa el 50% de la gasolina y el 86% del diésel consumido en el país, subraya la vulnerabilidad económica de Bolivia, indican los expertos.

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