Un reciente informe del gobierno de la región de Áncash, en el centro-occidente de Perú, confirmó que las aguas de los ríos Santa y Tablachaca, que recorren dicha región, no son aptas para el consumo humano, tras detectarse la presencia de metales pesados. "Es un desastre ambiental grave porque estos ríos estaban asignados al consumo de poblaciones enteras", dice a DW Beatriz Cortez, activista de la ONG Red Muqui, que hace vigilancia en temas relacionados con la minería y el agua en Perú.

Las alarmas se encendieron a comienzos de agosto, cuando la población alertó de que las aguas de dichos ríos presentaban una coloración naranja. En el caso del río Santa, cuyas aguas son tratadas para abastecer de agua potable al distrito Nuevo Chimbote, la muestra tomada arrojó niveles elevados de hierro y arsénico. Y en el río Tablachaca, que abastece de agua a la localidad de Chuquicara, además de hierro y arsénico, se detectaron niveles altos de manganeso.

De acuerdo con informaciones preliminares, la causa de esta contaminación podría deberse al colapso de una bocamina en la localidad ancashina de Pallasca, perteneciente a la Minera Tungsteno Málaga SAC. "Hemos pedido información para saber qué tipo de minería es la que realiza Tungsteno, pero la otra posibilidad es que la contaminación venga de la bocamina 1464 que estaba a cargo de la empresa pública Activos Mineros SAC”, cuenta la activista Cortez.

Cuestionan discurso del gobierno

Sin embargo, según Activos Mineros SAC, estas bocaminas están inactivas desde 2015, por lo que se presume que han sido tomadas por mineros informales que operan en la zona. En esa misma línea, el ministro de Ambiente de Perú, Juan Carlos Castro, declaró a la prensa local que detrás de la tragedia ambiental estaría la "minería ilegal”.

En todo caso, recuerda la activista Cortez, "ambas empresas son de alguna forma unidades mineras de las cuales el Estado, en su diversos niveles, tenían información”. De ese modo, cuestiona que "el discurso más fácil que puede tener el Estado ahora es decir: son los mineros ilegales, los cuales nunca vinieron a pedir permiso de nada y entraron al territorio”.

En conversación con DW, Guilermo Martines, ambientalista de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), que trabaja cerca al río Santa, explica que en la zona ciertamente existe más presencia de minería ilegal que antes, pero debido a que no se ha ofrecido mucha información sobre este hecho, la situación es aún confusa.

"Las autoridades no han dado todavía información completa de lo que está ocurriendo. Esto está llevando a los agricultores de las regiones afectadas a realizar monitoreos autónomos del agua, en lo que estamos apoyando para tener resultados mucho más confiables”, asegura Martines.

"Problema permanente”

Las aguas de los ríos Santa y Tablachaca son vitales para las regiones de Áncash y La Libertad, donde abastecen más de un millón y medio de personas. Debido a la contaminación de dichos ríos, varias localidades tuvieron restricciones en los servicios de agua potable, además del peligro que tuvieron para el riego de unas 200 mil hectáreas y otras actividades conexas, según el ambientalista Martines.

Si bien la magnitud de la contaminación en estos ríos es nueva, los problemas con la minería informal en la zona existen desde hace décadas. "Este es un problema crónico y progresivo. Permanentemente el río Santa es un vertedero de aguas contaminadas que provienen de la minería”, afirma Martines.

En ese sentido, al ser un "problema permanente”, la población podría haber sido afectada desde hace muchos años y diversos problemas a la salud podrían tener como origen el consumo de esas aguas. "Esta vez nos ha llamado la atención la coloración del río Santa, que se debe al hierro, pero elementos como el manganeso o arsénico no generan ninguna coloración y pueden haber estado hace mucho tiempo allí”, advierte Martines. "Y puede haber llegado no solo de manera directa, sino también indirecta a través del consumo de productos contaminados”, agrega.

La respuesta del Estado

Ante esta situación, autoridades de Áncash y distintos políticos han pedido al Estado y al ministerio del Ambiente una respuesta rápida y la declaratoria de emergencia ambiental en la zona afectada. Actualmente se estarían realizando trabajos de limpieza en los ríos comprometidos y las aguas estarían recuperando su color natural. Pero todavía hay restricciones para consumir el agua hasta que nuevas muestras determinen que son aptas para el consumo humano.

No obstante, los expertos consultados por DW creen que el Estado peruano ha fallado en el control y las sanciones. "Principalmente se falla en el control del riesgo ambiental, porque el Estado no está teniendo la capacidad de remediar los pasivos mineros (unidades mineras que ya no están en uso)”, indica Cortez. Y en caso de que la contaminación se deba a la minería ilegal, "es igualmente responsabilidad del gobierno regional tener un control de lo que pasa dentro de su territorio”, reitera.

La prioridad ahora, según Cortez, es abordar el problema de forma multisectorial para ver si la contaminación llegó a las personas y luego identificar a los responsables para las sanciones pertinentes. En ese sentido, el ambientalista Martines lamenta que "el exagerado interés del Estado peruano por cumplir con un modelo económico extractivo y exportador, que ha puesto sus ojos sobre la minería, sea lo que esté llevando al país a esta situación”.

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