Por: Ximena Gutiérrez

Productores cañeros han dado un plazo de cuatro días (hasta el 6 de julio) a las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB) y del ministerio de hidrocarburos, para concretar la compra de etanol acordada a través de contratos que fueron incumplidos. No descartan movilizaciones en las calles si no obtienen respuesta a su demanda.  

“Los productores están cansados, no hay voluntad de las autoridades. Le damos un plazo hasta el martes 6 a YPFB y al Gobierno, de lo contrario se tomarán medidas de hecho y nos organizaremos con todas las instituciones quienes serán las que determinen las acciones”, expresó Alcides Córdoba, presidente de la Unión de Cañeros Guabirá.

 Resaltó que el sector hizo inversiones por más de $us 100 millones, en la fertilización para incrementar la producción de caña, así como la compra de maquinaria para la industria. Aseguró, además, que cuentan con la capacidad de abastecer la demanda del mercado interno con 173 millones de litros de etanol.

“Tenemos el producto (etanol), lo podemos garantizar sin desabastecer ningún otro producto del mercado, ni azúcar. Nos han dado un montón de excusas y hoy que tenemos un precio de petróleo de 72 dólares le cuesta más plata al país comprar gasolina de importación que comprarle etanol a un cañero, no es posible que no podamos tener nuestro contrato ya firmado con los volúmenes establecidos para poder garantizar nuestra producción”, aseveró el representante de Guabirá.

Son más de cinco mil familias productoras que están siendo perjudicadas al no haberse consolidado este programa. Las deudas con el banco y la inconclusión del programa desde hace tres años, tiene preocupado al sector que aseguró, agotó todas las instancias a través de cartas y reuniones con ejecutivos de la estatal petrolera para viabilizar la firma de contratos.

Por su parte, Óscar Arnez, presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros (Concabol) Recordó que el programa etanol comenzó el 2018 con inversiones privadas en su totalidad, avanzando satisfactoriamente con una prueba hasta el 2019, cuando se firmó un contrato que no fue cumplido. Asimismo, el 2020 se firmó otro contrato, que a la fecha no fue modificado y sigue como adenda; y actualmente a más de medio año de esta gestión, tampoco se logró consolidar nada.

“Ya hemos tenido un acercamiento con Yacimientos y el Gobierno y no se ha cumplido nada. En una de las reuniones que estuvimos presentes se hicieron los compromisos verbales, pero nada escrito hasta el momento y esa es la preocupación de nuestro sector, que tenemos que planificar y saber cuánta caña se va moler para lo que es el alcohol y cuanta para lo que es el azúcar”.

EL DEBER intentó comunicarse con ejecutivos de YPFB para conocer la contraparte sobre el tema, sin embargo las autoridades no respondieron.