En lo que va del mes de agosto, en el departamento de Santa Cruz se han registrado al menos cuatro avasallamientos de tierras, de los cuales dos tuvieron su cuota de violencia e incluso en uno de ellos se registró un robo. Ante esta situación, los productores cruceños han señalado que estos asentamientos ilegales van a continuar hasta que no se dicte una sentencia penal contra quienes realizan estas acciones.
Ayer, en el municipio de Porongo, el Ministerio Público junto a efectivos de la Policía Boliviana llegaron a una propiedad de 89 hectáreas para realizar allanamientos en 14 viviendas precarias que fueron levantadas por los avasalladores.
Jhamir Funes, fiscal asignado al caso, informó que este operativo se realizó a raíz de una denuncia presentada por la propietaria de estos terrenos. Los delitos por los cuales se investiga a estas personas son supuesta falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y avasallamiento.
“Las personas de los inmuebles allanados han manifestado ser vivientes de hace muchos años atrás, sin embargo, no cuentan con el derecho propietario que pueda avalar estos asentamientos. Es por ello que se los ha citado en calidad de testigos, a objeto de que puedan prestar su declaración informativa policial del por qué y bajo qué condiciones se encuentran asentados en estos predios”, dijo Funes y agregó que la denunciante cuenta con la documentación pertinente.
El segundo caso se conoció el pasado lunes cuando un contingente policial se trasladó a la propiedad Causal de Caranda, ubicada entre Portachuelo y Buena Vista, ante la denuncia de un nuevo avasallamiento.
La presencia de los uniformados puso en alerta a quienes habían “tomado” este terreno, de unas 33 hectáreas de superficie, y algunos vecinos. Ante la actitud hostil de estas personas, los efectivos policiales tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para repelerlos, según los videos que circularon en redes sociales.
Tras los enfrentamientos, otro grupo de personas cortaron algunos árboles para cerrar el camino e impedir que el contingente policial se retire del lugar. Los hombres del verde olivo recién pudieron salir ayer de esa zona.
El tercer caso fue registrado por EL DEBER tras un sobrevuelo realizado el pasado fin de semana en un área forestal del municipio de Urubichá, provincia Guarayos. En este terreno fiscal, que tiene una superficie de 51.929 hectáreas, el 50% de este terreno está afectado por los avasallamientos e incendios. En la zona se observó al menos seis asentamientos conformados por varias carpas, árboles quemados y cenizas.
Pablo Gil, ingeniero forestal que acompañó a EL DEBER, dijo que preocupa que se den estos avasallamientos porque estas tierras están destinadas para uso forestal y según la categorización, establecida por el Instituto de Reforma Agraria (INRA), son tierras fiscales no disponibles.
El cuarto hecho ocurrió en el predio Santa María, ubicado en el cantón El Puente de la provincia Guarayos, donde los avasalladores ingresaron violentamente utilizando máquinas cosechadoras y camiones para robar una gran cantidad de caña de azúcar.
En conferencia de prensa, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Wálter Ruíz, indicó que los asentamientos ilegales van a continuar si es que no hay una sentencia penal contra las personas que están detrás de la ocupación ilegal de tierras. “Mientras no haya sentenciados, los avasallamientos van a seguir, creemos que esto se va a parar en el momento que se dicte sentencia contra las personas que son dueños de lo ajeno. Estos avasalladores tienen que estar tras las rejas, pero con una sentencia y no con un arresto de 24 horas”, dijo Ruiz.
También aseguró que se hizo la representación ante las autoridades e incluso ante el mismo presidente Luis Arce para que se pare esta situación, porque “no tienen nombre” lo que hacen los delincuentes al extremo de emboscar policías.