En recientes declaraciones, el diputado José Manuel Ormachea denunció que Bolivia habría perdido un laudo arbitral internacional contra la empresa petrolera transnacional Shell. Según el legislador, el fallo del tribunal de arbitraje impuso una multa de 10 millones de dólares a Bolivia.

Ormachea enfatizó que esta derrota es una muestra más de la falta de preparación y la ineficiencia de las autoridades bolivianas, particularmente de la Procuraduría General del Estado, en la defensa de los intereses del país en casos internacionales.

“La falta de preparación de nuestras autoridades y la Procuraduría nos está llevando a la debacle económica”, señaló el diputado, advirtiendo que esta es una nueva carga económica que el país deberá asumir, como consecuencia de la "inoperancia" del actual gobierno y del gobierno anterior de Evo Morales.

Esta situación, según Ormachea, pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer la capacidad técnica y jurídica del Estado en el manejo de disputas internacionales para evitar que situaciones como esta continúen afectando negativamente a la economía del país.

Antecedentes

A principios de marzo de 2020, Shell Bolivia Corporation notificó su intención de acudir a arbitraje contra YPFB, una demanda en la que reclamaba 26 millones de dólares por deudas de producción e incentivos a la producción de hace años. El arbitraje ante la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) se inició en junio de 2021.

Se trata de un arbitraje administrado por la CCI y el tribunal lo han formado Dyalá Jiménez Figueres (presidenta), Victor Gustavo Pardos (designado por el demandante) y Diego P. Fernández Arroyo (designado por YPFB) (ver “Shell Bolivia v. YPFB”, Jus Mundi).

En la actualidad, Bolivia enfrenta 10 arbitrajes internacionales en litigio que ascendían a $us 1.000 millones.  Para enfrentar esta situación el Estado boliviano contrató a 10 bufetes de abogados internacionales.

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