El veto a la exportación de aceite, la confiscación de alimentos como el arroz y el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 han puesto en emergencia a representantes del empresariado privado, productores, gremiales y transportistas, que emitieron un comunicado en el cual rechazan las medidas gubernamentales porque las mismas atentarían a la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y jurídica de todos los bolivianos.

“Nos inquietan las acciones que ha tomado arbitrariamente el Gobierno nacional de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la intervención abusiva de los ingenios arroceros. Rechazamos de manera contundente estas acciones porque van en deterioro del sector, la población y de la obtención de dólares”, dice parte del comunicado que fue leído por Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex).

El documento agregó que “la represión y las restricciones económicas” no garantizan el abastecimiento de alimentos y, al contrario, “obstaculizan la producción, desaceleran la economía” y ponen en riesgo el acceso a productos básicos.

También hicieron énfasis en que “la prohibición de exportaciones de aceite y la intervención de ingenios arroceros” no reducen los precios de la canasta familiar, sino que generan escasez e incertidumbre a los productores y comercializadores.

“Las políticas restrictivas han limitado las exportaciones, han impuesto bandas de precios y han establecido cupos que han aumentado la dependencia de productos importados. Ahora, enfrentamos una escalada de precios debido a la falta de dólares y a un contexto de incertidumbre económica que afecta a productores y consumidores”, dijo Barriga.

Rechazar el proyecto de PGE 2025 “mientras no incluya medidas y soluciones para la crisis económica que vive el país”, garantizar la seguridad jurídica para reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, solucionar el desabastecimiento de diésel, y fomentar políticas que incrementen la oferta de productos y permitan la generación de dólares, son las cuatro acciones concretas que exigen al Gobierno central para enfrentar la crisis económica.

“Nos declaramos en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica. No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”, concluye el comunicado.

En el documento se hace notar que una de las principales demandas del sector productivo para poder llevar adelante sus actividades es que las autoridades gubernamentales garanticen el abastecimiento de diésel, principal insumo para el agro y la logística de transporte del producto ya industrializado.

El viceministro Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo que para hoy se tiene prevista una reunión con los representes del sector productivo para abordar el veto a la exportación de aceite comestible.

“Esperamos que hasta el martes (hoy) se pueda tener esta reunión para, primero, atender la preocupación que tiene el sector de levantar la restricción (a la exportación de aceite), pero previo cumplimiento de garantizar el abastecimiento de este y otros productos en el mercado nacional”, dijo el viceministro.

Arroceros van al paro

Para mañana los propietarios de ingenios arroceros del Norte Integrado de Santa Cruz anunciaron que acatarán un paro de 24 horas en protesta por la intervención del Gobierno a cinco instalaciones la pasada semana con el argumento de que se estaba “ocultando” arroz.

“Los ingenios arroceros estamos siendo muy atacados en este momento, queremos aclarar a la población que el arroz se sigue procesando con normalidad. Solo el día miércoles vamos a parar”, dijo Jairo Carballo, secretario de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor).

Por su parte, Sonia Rocha, secretaria de Hacienda de Ingenor, dijo en una entrevista con EL DEBER Radio, que son como 30 ingenios, de 140, que tienen arroz en stock y, en su caso, el grano que tiene en su ingenio solo alcanza para una semana.

“Ahora el productor se encuentra con mucho temor de procesar su grano, que aún tiene, porque estamos al final de producir ya la cosecha 2024, para iniciar la cosecha 2025. Tenemos una incertidumbre, intranquilidad, de no saber qué va a pasar con este sector, porque se entró (la Fiscalía) a nuestro sector de manera arbitraria, como dueños, y puede ser el día de mañana a otros sectores”, manifestó Rocha.

La dirigente explicó que las autoridades que realizaron el operativo el viernes encontraron arroz en chala (sin pelar) y en grano, pero se trata de acopio como lo hace la misma Emapa. “El arroz se conserva mejor si está en chala y al procesarlo tiene un lapso de un mes (para comercializarlo) y luego se puede entrar el gorgojo. Se pela y se tiene que sacar al mercado y de eso ya no nos encargamos nosotros”.

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), por medio de un comunicado, rechazó también las medidas adoptadas por el Gobierno, como la exportación de aceite, porque la consideran “profundamente perjudicial” para la economía nacional y el sector productivo.

“En lugar de atacar a los verdaderos responsables de los problemas del sector, ataca a la empresa formal y a los actores productivos que cumplen con todas las normativas y regulaciones, generando valor económico y empleo en el país. Los intermediarios y contrabandistas, quienes son los verdaderos causantes de la distorsión del mercado, no se ven afectados por esta medida”.

En ese sentido, la Fepsc indicó que este tipo de políticas favorece el accionar ilegal de estos grupos, fomentando prácticas delictivas, como el contrabando y el desvío de productos fuera de los canales formales, lo que termina afectando aún más la economía y la legalidad en los negocios.

“Además, esta decisión pone en peligro el ingreso de divisas, que resultan cruciales para la estabilidad macroeconómica de Bolivia”, agregó la entidad.

Al mismo tiempo, puntualizó que el bloqueo a las exportaciones del aceite desincentiva la inversión privada, un factor esencial para el crecimiento de nuestra industria. “Esta medida crea un clima de incertidumbre y desconfianza entre los inversores. Esta situación amenaza la continuidad de proyectos empresariales y, por ende, la creación de empleo formal”.

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno “para que reconsidere esta medida”, que no solo pone en riesgo la estabilidad económica y social, sino que también perjudica gravemente a los sectores productivos, al empleo formal y a la legalidad en los negocios.

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