El actual gerente de la Gestora Pública de Pensiones, Sergio Flores, denunció hoy que el exministro de Economía Luis Arce, los días de conflicto de octubre, antes de la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales, gestionó la compra de un software que iba a generar un daño económico de 11 millones de dólares, pues en realidad era un alquiler de un software a una empresa colombiana. 

Según Flores, antes, el exministro anuló otra compra con la empresa panameña Sysde, a la que se pagó $us 3 millones por una tecnología que estaba diseñada para pescadores, no para administrar los aportes para pensiones.

La autoridad ofreció una entrevista a Bolivia Tv, donde explicó que, en enero de 2017, se autorizó la contratación de la empresa Sysde, de Panamá, por $us 5 millones, a la que se le pagó $us 3 millones. “Se trajo un software para pescadores, fue una estafa para el país. Fue una pérdida de tiempo y de dinero”, subrayó.

Como no se pudo adaptar el equipamiento, la Gestora ofreció el software de AFP Futuro, pero esta AFP no dio su aval para utilizar su tecnología y complicó la operación. Se pagó el 59% del monto del contrato y al final nunca fue entregado de acuerdo al contrato.

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La denuncia señala que un mes después del inicio del proceso previo de contratación, el directorio dirigido por Arce, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), autorizó el proceso de contratación directa de la empresa seleccionada: Sysde Internacional Inc., aceptando un descuento del 7% del pago parcial, en lugar de la boleta de garantía.

Por ello, la Unidad de Auditoría Interna identificó a nueve personas en esta compra irregular, entre ellos al actual candidato presidencial por el MAS, Luis Arce Catacora, en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

En los días del conflicto

Resuelto el contrato con Sysde, el directorio autorizó nuevamente la compra de un software, esta vez con la empresa colombiana Heinsohn. La empresa ofreció la venta de un bien, pero el contrato establece que esta es propietaria del mismo y la Gestora adquiere únicamente el derecho al uso, es decir, no era venta sino un alquiler del bien.

El contrato además del valor del software, incluía el pago anual por uso y mantenimiento del sistema y el código fuente ($us 1.68 millones). 

En la entrevista, Flores resaltó que el contrato fue firmado en medio de un conflicto social, el 23 de octubre de 2019. 

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Según las investigaciones preliminares de la Gestora, en 2017 y 2019, se firmaron dos contratos para la adquisición de un software especializado para la implementación del Sistema Integral de Pensiones de esta entidad.

El convenio establecía que la Gestora no compró el software y prohibía cualquier tipo de modificación, préstamo, comercialización o venta. Al tener estas restricciones, la acusación sostiene que Bolivia no compró un software, solamente lo alquiló. 

Un mes después del inicio del proceso previo de contratación, el directorio de la Gestora, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), autorizó la contratación directa de la empresa Heinsohn Business Technology, “teniendo conocimiento de los antecedentes y el contrato”, sustenta la denuncia. 

El gerente resaltó que este documento está firmado por Luis Arce Catacora como representante legal de la Gestora. En este caso, la unidad de auditoría interna también detectó los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que involucra a Luis Arce y a otras ocho personas. 

"Aunque anulamos esta contratación, la forma en que se hizo fue delictiva. Esto no es político, hay corrupción", añadió.