El Gobierno condiciona levantar la suspensión de la exportación de aceite comestible al cumplimiento de una banda de precios en la que una botella de 900 ml se venda a Bs 11 y a Bs 10 el litro a granel y que a su vez se garantice el producto al mercado interno.
Al término de la reunión entre el Ejecutivo y representantes de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, remarcó que “la suspensión temporal de exportación de aceite va a depender mucho de la normalización del abastecimiento del aceite en el mercado interno y también de la venta a precio justo a la población boliviana”.
A tiempo de puntualizar que en la reunión que se mantendrá el jueves 12 donde se evaluará el informe sobre el abastecimiento del producto en el mercado interno y se definirá si autoriza la exportación del producto o se mantiene la medida.
Huanca sostuvo que entre los puntos acordados se destaca que la industria oleaginosa se compromete a “continuar y garantizar el abastecimiento de aceite al mercado interno” en cantidades suficientes para regularizar el abastecimiento, esto a un precio regulado de hasta Bs 11 la botella de 900 ml y Bs 10 el litro a granel, cuando en los mercados de Santa Cruz se lo comercializa a no menos de Bs 15.
“La industria oleaginosa se compromete a presentar al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural información adicional de sus compradores, esto con el objetivo de que se pueda realizar el seguimiento y control a los intermediarios y/o distribuidores de aceite”, dijo el ministro Huanca.
También se acordó que el Viceministerios de Políticas de Industrialización, el Viceministerio de Comercio y Logística Interna y el Viceministerio de Defensa al Usuario y Consumidor, visitarán a las industrias refinadoras de aceite para hacer seguimiento al despacho y envío del mencionado producto hasta el consumidor final.
“Se conforma una mesa técnica para realizar el seguimiento permanente de abastecimiento de subproductos de soya y (para) realizar el análisis y revisión de las condiciones del mercado interno del sector oleaginoso”, agregó Huanca.
Huanca indicó que la determinación de restringir las exportaciones de aceite, responde a la necesidad de precautelar los derechos de la población sin ningún afán de ataque al sector productivo o región, en alusión a las protestas de los empresarios, cívico y autoridades cruceñas por la medida gubernamental.
La autoridad precisó que sólo se suspendió la exportación de aceite y no otros productos derivados de la soya, que las industrias venden a varias naciones.
Sobre la reunión, Jorge Amantegui, remarcó que el sector está abierto a todo tipo de controles, pues “no tiene nada que esconder” y que “espera que el jueves a partir de los informes que se elabore se puedan levantar el veto a las exportaciones por el bien de todos”, subrayó Amantegui.
Huanca recordó que la industria oleaginosa contaba con una reserva de 39.000 toneladas de aceite y lo que requiere el mercado interno este mes es unas 12.000 toneladas, por lo que no debería presentarse un desabastecimiento, como sucede en la actualidad.
Antes del encuentro, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, había adelantado que en encuentro con los industriales del aceite se iba a plantear que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se constituya en mayorista para poder garantizar el aceite comestible en el mercado, “pero principalmente vamos a exigir a la industria oleaginosa que cumpla con los compromisos de producción y abastecer el mercado interno con este producto”, explicó.
Rechazo de Santa Cruz
El gobernador en ejercicio Mario Aguilera junto a empresarios y representantes del sector productivo, además del ente cívico, calificaron como “desacertadas” las políticas que viene adoptando el Gobierno, como el freno a las exportaciones, que afectan al país en su conjunto.
“Las últimas medidas del Gobierno, lejos de resolver los problemas estructurales de la economía nacional, están generando una creciente inflación. Estamos frente a medidas equivocadas, erráticas y autoritarias que desestabilizan la cadena productiva, base fundamental de la seguridad alimentaria y económica de nuestro país. Santa Cruz es el granero de Bolivia, cada decisión errada del Gobierno genera incertidumbre que ya afecta a miles de familias”, manifestó Aguilera.
La declaración fue emitida al concluir un encuentro en el que participaron representantes de la CAO, ADA, Cadex, Cainco, empresarios privados, que forma parte de un trabajo “comprometido que en unidad busca la construcción de soluciones nacionales que permitan mejores condiciones de vida para los bolivianos”.