La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) mediante un comunicado mostró su rechazo a algunas disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que se refieren al control del agio y la especulación de precios.

“La producción y la oferta de productos no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones. Por el contrario, la realidad nos muestra que dichas intimidaciones generan mayor inseguridad y desánimo en el productor, además los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos”, dice parte del documento.

Los productores agregaron que, para cubrir el consumo interno de la población, se tiene que importar el alimento de otros países y en grandes cantidades, como ser de arroz y maíz, entre otros.

“No somos partidarios de la especulación y todo lo ilegal se debe combatir, así como por años venimos pidiendo que se controle el contrabando que afecta a la producción nacional y nunca se hizo nada. La especulación se combate incrementando la oferta, pero si no hay condiciones para producir, las amenazas no harán aparecer más producto de un momento a otro”.

Además, indicaron que “no es correcto” que los productores pequeños, medianos y grandes vivan en una incertidumbre permanente, “con normas que solo se prestan para la presión y la extorsión”.

“Pedimos a los legisladores, no permitir que se incluya en la ley del presupuesto general del estado, la intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas, porque puede marcar un punto de inflexión destruyendo las misma, en desmedro de la población”, concluyó la nota.

El fin de semana pasado, en un contacto con medios estatales, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo que estos artículos que están en el PGE 2025 “buscan acabar con el agio y la especulación de los productos de la canasta familiar” por medio de controles y fiscalización que estarán a cargo de los tres niveles de gobierno.

“Faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, dijo la autoridad.

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