El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, socializado el lunes por el Órgano Ejecutivo -y que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa hasta el 31 de diciembre-, ya ha sido considerado “histórico” por algunos analistas económicos, porque regirá durante el Bicentenario de creación de Bolivia y porque será el último que administre el presidente Luis Arce Catacora.

Sin embargo, otros analistas consideran que “lo histórico” del PGE 2025 será el récord de 11 años de déficit fiscal, que han llevado al mínimo las Reservas del Banco Central (BCB) y a una crisis económica, incluso reconocida por el mismo Ejecutivo.

Una de las principales preocupaciones para los analistas es la constante disminución en el Presupuesto de la Inversión Pública, que en el proyecto enviado a la Asamblea figura con Bs 27.603 millones, unos $us 3.965 millones, al tipo de cambio oficial.

En la gestión 2021, la inversión pública fue de $us 4.011 millones; en 2022 subió a $us 5.015 millones; en 2023 bajó a $us 4.006 millones; en 2024 subió a $us 4.274 millones, y en 2025 se proyecta una caída de al menos $us 309 millones con relación a la gestión anterior.

El analista de Presupuestos Públicos de la Fundación Jubileo, René Martínez, observó que esta inversión está “sobreestimada”, porque su caída ha sido permanente y en los últimos dos años su ejecución estuvo alrededor de los $us 2.600 millones. “Estamos hablando de que, efectivamente, esto habría caído casi a la mitad, lo que responde a las posibilidades que tiene el Estado, que está con recursos demasiado limitados”, dijo Martínez.

El analista consideró que la inversión pública, con sus complejidades, impiden ejecutar todos los proyectos programados en los tres niveles de Gobierno, es decir, nacional, departamental y municipal. “El Estado, en su conjunto, ha sacrificado la inversión pública para mantener e, incluso, expandir el gasto corriente, esa ha sido la tendencia”, subrayó.

Martínez afirmó que debido a la caída de esta parte del presupuesto, uno de los sectores que se verá seriamente afectado será el de la construcción. “No es tanto por el presupuesto mismo, sino por el resultado de las políticas económicas, lo que va a terminar afectando a los diferentes sectores. Cuando la inversión pública se reduce demasiado, como ha sido en los últimos años, el sector construcción se ve afectado”, argumentó.

Los sectores

Del monto total programado de inversión pública para 2025, el sector productivo tiene un presupuesto de Bs12.667 millones (45,9%); Social, Bs 8.344 millones (30,2%); Infraestructura, Bs 5.839 millones (21,2%) y multisectorial Bs 831 millones (2,7%).

El economista e investigador Germán Molina, explicó que los proyectos de inversión del sector productivo ocupan el primer lugar respecto al resto de sectores, “siguiendo la política gubernamental que apuesta a la industrialización y sustitución de importaciones, que ya fue experimentado en el pasado siglo XX sin éxito”, resaltó.

Con relación a la fuente de financiamiento de la inversión pública 2025, Molina detalló que de origen interno son Bs16.867 millones (61,1%) y de fuente externa son Bs 10.736 millones (38,9%).

“Las cuentas públicas del PGE 2025 esperadas tendrían un problema central que es la fuente de financiamiento del gasto, porque no sería con ingresos genuinos, es decir los impuestos, y continuaría recurriendo al crédito público interno y externo, afectando a la generación presente y futuro de los bolivianos”, apuntó Molina.

En ese sentido, puso como ejemplo la gestión 2023, cuando el Gobierno utilizó las barras de oro para pagar el servicio de la deuda externa, “y el 2024 con una operación de Carry Trade, utilizando una transacción de reporto de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, honrando la fe del Estado. Otra restricción es la situación del flujo de divisas y el stock de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia, es decir el elevado déficit fiscal y nivel y tendencia declinante de las RIN”, apuntó Molina.

En ese marco, la presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, expresó que el PGE 2025 plantea un incremento en el gasto público, a pesar de las condiciones económicas desafiantes, como la caída de los ingresos por exportaciones y la crisis cambiaria. “Este presupuesto mantiene el déficit fiscal, que ha persistido durante 12 años consecutivos y actualmente supera el 10% del PIB”, aseveró.

De acuerdo con el análisis de la economista, la asignación significativa del PGE de Bolivia al Órgano Ejecutivo y a las empresas estatales genera incertidumbre y da pie al debate, dado que existe un contexto de déficit fiscal persistente y limitados ingresos fiscales.

“Preocupa de sobremanera que, al ser un año preelectoral, se vayan a utilizar estos recursos de forma política y no técnica en donde persista la deuda pública y siga en aumento el déficit fiscal sin priorizar la austeridad o buscar mayor eficiencia en el gasto.

A su vez, advirtió que Bolivia enfrentará limitaciones significativas debido a varios factores económicos, estructurales y de percepción internacional. “Es bien sabido que actualmente tanto los organismos internacionales como las calificadoras de riesgo, están evaluando nuestra economía (...). Esto conlleva a cuestionar la capacidad del país para cumplir con el pago de las deudas contraídas sin comprometer la sostenibilidad fiscal, como también a reducir la confianza en la capacidad que tendrá el Estado para generar recursos con los que respaldará nuevas emisiones de deuda. Sumado a ello, la política monetaria de los países desarrollados que han subido las tasas de interés, encareciendo el crédito para países emergentes como el nuestro”, añadió.

En esa línea, René Martínez consideró que, si se observa por nivel institucional, buena parte de la inversión pública se la llevan las empresas públicas, YPFB principalmente, y la alimentación de toda la cadena de hidrocarburos.

“Eso viene desde el año 2006. Evidentemente, estamos en un momento de crisis en el país, sabemos lo que está sucediendo con la escasez de dólares, por lo tanto de hidrocarburos, diésel y demás. Vemos un presupuesto que tiene un incremento de un 18% en los ingresos tributarios, como que están apostando que van a mejorar las recaudaciones, aunque esto también depende de la inflación”, añadió Martínez.

 ¿Y salud y educación?

El economista Fernando Romero destacó que en el PGE 2025, para las áreas de salud y deportes, se ha presupuestado un 11% más que la gestión anterior, llegando a un total de Bs 29.892 millones. Y, aunque este representa un 10,1% del presupuesto, la mayor parte del mismo, se va al pago de sueldos y salarios de los profesionales y trabajadores de salud, además de contratación de personal.

“Creo que en el tema de salud (el presupuesto) también debería solo enfocarse en mejorar la calidad de la salud pública; se debe invertir más en temas de infraestructura, equipamiento y capacitación”, sugirió.

En cuanto a educación, Romero ponderó también que el presupuesto aumentó un 8%. “Al igual que el tema de salud y deportes, gran parte de esos recursos se van al pago de sueldos y salarios de los maestros del Magisterio Fiscal. “Se reitera que no hay inversión específica destinada para mejorar las aulas, educación, es decir infraestructura de gran impacto como también la capacitación, temas de innovaciones tecnológicas, provisión de materiales, de equipamientos. Además en educación está contemplado los recursos destinados a las universidades públicas, que tienen serias deficiencias, ya que se está abocando más al gasto corriente y no a la calidad y al desarrollo humano en el país”, enfatizó.

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