El matiz económico del discurso de la presidenta Jeanine Áñez, en el acto de conmemoración por el 195 aniversario de la Independencia de Bolivia, resaltó por el planteamiento de realizar una nueva asistencia económica a la población, que se traduciría en el pago de los bonos gestados durante la emergencia sanitaria.
La mandataria dijo que el Bono Familia, el Bono Universal y el Bono Canasta Familiar podría entregarse entre enero y febrero de 2021 porque la "pandemia estará de bajada" y dará impulso para que las familias bolivianas salgan adelante y encaren un mejor horizonte en la próxima gestión.
Para lograrlo, Áñez convocó a los candidatos a la Presidencia a llegar a un consenso y acuerdo nacional. Pidió dejar de lado las diferencias políticas y comprometerse a sacar adelante esta medidas a partir del próximo año.
En su discurso, la presidenta también criticó la postura de los candidatos al referir que están más ocupados en hacer política y llenándose la boca de palabras complicadas para justificar sus intereses, pero "no abrieron, ni abren la boca" para reclamar por los bonos.
"Fue como si entre todos (los candidatos) hubieran hecho un nuevo partido, el partido contra los bonos. Mientras guardaban silencio, el MAS se negó y se sigue negando a otorgar el dinero para el pago del Bono Salud", manifestó Áñez.
Dijo que, de los candidatos lo que más escuchó han sido críticas, que si bien son positivas para la democracia, pero "las ayudas son mejores que las críticas en la actual coyuntura sellada por la expansión del Covid-19 y sobre todo si la gente está pasando hambre".
La mandataria también llamó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar los créditos internacionales para poder pagar el Bono Salud, expuesto hace 19 días y que proyecta beneficiar a 3,5 millones de ciudadanos. Reiteró que la traba está en la Asamblea, donde existe mayoría masista, pues no permite que el dinero sea entregado a las familias.
Se prevé un paro indefinido y bloqueo de caminos. El siguiente paso será dejar sin servicios ni provisión a las ciudades. En lo legal, apunta a acudir al Tribunal Constitucional para frenar la decisión del TSE.