El Órgano Ejecutivo tiene 10 días para enviar, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),  el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la siguiente gestión anual, que debe ser aprobado hasta el 31 de diciembre y debe ser puesto en vigencia desde el 1 de enero.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) informaron a EL DEBER que, en el marco del Calendario Presupuestario, suscrito entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el MEFP, este último se encuentra en proceso de la consolidación de los presupuestos de las diferentes entidades del sector público, que incluyen gobernaciones, alcaldías y universidades.

“Se debe considerar que, a pesar de los diferentes bloqueos económicos ocasionados por ciertos grupos sociales de oposición, el Órgano Ejecutivo cumplirá con los plazos establecidos para entregar el Proyecto de Presupuesto General del Estado Gestión 2025, en el cual están todas las acciones y metas de las diferentes entidades públicas, que benefician a toda la población boliviana”, afirmaron desde el MEFP.

Se trata del último PGE a ejecutar por el gobierno del Presidente Luis Arce, ya que el próximo año se celebran Elecciones Generales y el próximo presupuesto deberá ser ejecutado por su sucesor. 

De acuerdo con el análisis de expertos y economistas, la tendencia del PGE 2025 será la misma, es decir, con mayor gasto por parte del sector público, con el agravante que el déficit fiscal cumplirá 12 años y  ya no se tendrán los recursos por venta de gas natural a la Argentina que, según datos de la Fundación Jubileo, son unos $us 50 millones mensuales.

Para el analista de Presupuestos Públicos de Jubileo, René Martínez, desde 2015 los ingresos para el Estado vienen cayendo, mientras los ingresos por impuestos se mantienen “congelados”, a pesar que deberían crecer a lo largo del tiempo.

El PGE 2024 Consolidado llega a Bs 265.558 millones y, según el Ejecutivo, el 10,8% está asignando a educación y 10,1% a salud, mientras el 1,7% a Defensa y el 2,1% a Gobierno.

“El enfoque del Gobierno ha sido aumentar el gasto constantemente y, lamentablemente, no se ve que haya una reflexión para llevar, de manera responsable, las finanzas públicas. Lo que debería hacerse es disminuir el gasto público y los gastos corrientes del nivel central, principalmente”, puntualizó Martínez.

Para el analista, “lo más preocupante” del presupuesto es el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos. 

“Cuando es déficit, quiere decir que los gastos son mayores a los ingresos. Este 2024 se cumplieron 11 años con un déficit fiscal prolongado y profundo, porque ya está por encima del 10% del PIB. Ese es el mayor problema”, aseguró Martínez.

Al mismo tiempo, otro problema que acompaña a los últimos PGE es la crisis cambiaria que encarece el pago de la deuda externa, es decir, no existen divisas suficientes, incluso para la importación de combustibles. “Tenemos 3.500 millones de dólares en deuda pública y, cada año,  hay que pagar unos 1.000 millones de dólares, aproximadamente”, sostuvo el analista de Jubileo.

Austeridad

El economista y analista Fernando Romero, sugirió que, dada la coyuntura económica del país, el PGE 2025 debería ser diseñado y elaborado “de la manera más austera y salomónica posible”, sabiendo que, por normativa, no puede haber cambios muy transcendentales en su estructura de ingresos y gastos, pero también por los grandes desafíos, internos y externos.

“Sin duda, la caída continua de la producción hidrocarburífera desde el 2014, la pérdida del mercado argentino, sumado a esto la escasez de dólares, han provocado distorsiones en nuestro comercio exterior, lo que también generará una caída de los ingresos fiscales. Además, calificaciones negativas de riesgo e inversión internacional, limitarán mucho más la llegada de recursos y capitales del exterior. El desabastecimiento de carburantes también incidirá negativamente en la generación de ingresos públicos y privados, como el proceso inflacionario elevará los costos en general”, advirtió Romero.

Para el analista, tomando en cuenta la crisis ambiental y política, amerita “más que nunca” que el próximo presupuesto “sea sensato y pragmático”.

De acuerdo con el análisis de Romero, muchas de las gobernaciones, alcaldías y universidades ya tuvieron un reajuste presupuestario por los resultados del Censo 2024, que ha hecho que se aminoren sus recursos por coparticipación tributaria, por lo que se estima que esos recursos van a caer un 30%, incluidas las transferencias de regalías hidrocarburíferas e IDH.

“El Gobierno nacional basa su crecimiento económico en el mercado interno, pero sobre todo en el gasto público, lo cual ha generado un déficit fiscal de 11 años consecutivos. Bajo este criterio, no se observa que el Gobierno quiera reducir drásticamente el gasto público, en todo caso, lo aumentará al crear más empresas estatales”, consideró Romero.

Por su parte, Walter Morales, doctor en economía, indicó que más allá de que gran parte del gasto corriente es Salud y Educación, resulta necesario recortar en áreas de ineficiencias. 

“Desafortunadamente, a todo nivel será muy difícil con luchas al interior de todo el aparato gubernamental por mantener presupuesto o incrementarlo en comunicación, dada la proximidad de las elecciones”, expresó.

Al mismo tiempo, Morales señaló que el proceso presupuestario requiere el concurso de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) con sus propuestas y demandas. “Por ese lado, deben plantear nuevas fuentes de ingresos propios y ser clave las Alianzas Público Privadas (APPs) para emprender alternativas de prestación de diversos servicios e inversión, que ahora el Estado no tendrán mucha capacidad financiera. Desde el punto de vista del Gobierno nacional, debe demostrar la generación de las empresas públicas, y las inversiones que se vienen realizando, deberían dar resultados para apoyar la baja de los ingresos tradicionales”, sugirió.

El papel “aguanta todo”

Para el economista Alberto Bonadona, “el presupuesto aguanta lo que aguanta el papel”, calificó, mientras adelantó que para el PGE 2025, el Gobierno mostrará que existen más recursos de los que realmente se tienen. 

“La disminución de ingresos por la disminución del contrato con Argentina ya se veía venir y no hay certeza que esa disminución sea compensada con un posible aumento de exportación de gas al Brasil. La escasez de dólares no se muestra que mejorará, porque no hay ninguna fuente de exportaciones que los genere”, sostuvo.

Según el analista, la política de las elecciones puede que distraiga las necesidades económicas. Sin embargo, subrayó que la  mayoría de la gente está cansada de las actividades de los políticos y no se puede disimular la caída de las actividades económicas. “Al caer el IDH las primeras en sufrir esta disminución será las gobernaciones, alcaldías y universidades. Esto generará movilizaciones a las cuales el gobierno no tiene mayores recursos”, añadió.

En ese marco, consideró que lo que más atrae la atención del Gobierno es el pago de la deuda externa para evitar el “default” o la cesación de pagos que generaría un efecto más serio aún en el riesgo país. “Esta situación continuará en 2025. La necesidad de recursos por los daños de los incendios forestales también genera ahora una gran presión en los recursos estatales frente a una permanente disminución”, acotó, a tiempo de sugerir que el gobierno debe acudir urgentemente a los recursos que el FMI puede otorgar para apoyar las necesidades de dólares.

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