El Gobierno boliviano ha presentado un ambicioso Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025, el cual plantea un incremento del 12% con respecto al presupuesto aprobado para 2024. Esta propuesta, que eleva el gasto consolidado a Bs 296.565 millones ($us 42.609 millones al tipo de cambio oficial), provoca un intenso debate en el ámbito económico, especialmente considerando el contexto actual del país, marcado por la escasez de dólares, combustibles y una creciente inflación.

El proyecto estima un crecimiento económico del 3,51%, un déficit fiscal del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una tasa de inflación del 7,5% el próximo año. Asimismo, se garantiza la subvención a hidrocarburos y alimentos. El PIB previsto está por encima de las proyecciones del FMI, Banco Mundial y Cepal (1,5% a 2,2%).

El presupuesto de Inversión Pública para 2025 será de 4.024
millones de dólares y se destinará principalmente a aquellos sectores estratégicos generadores de excedentes en materia de hidrocarburos, electricidad, y minería.

Carlos Aranda, investigador del Centro de Estudios Populi, considera que el PGE 2025 enfrenta desafíos significativos para la economía boliviana. El aumento en el gasto estatal, que representa un 84% del PIB proyectado para el
próximo año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se percibe como desproporcionado en relación con la capacidad productiva del país. Esta tendencia hacia un gasto expansivo resalta la fragilidad de las finanzas públicas bolivianas, que continuarán lidiando con un déficit estructural y persistente.

El PGE 2025, como en años anteriores, es deficitario, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad. Se estima que el financiamiento externo alcanzará los 23 mil millones de bolivianos ($us 3.400 millones). Sin embargo, la alta prima de riesgo del país, que supera los 1.900 puntos básicos, dificulta el acceso a estos recursos en los mercados de deuda.

Esta situación -según Aranda- refleja la limitada credibilidad de Bolivia ante los inversionistas, lo que sugiere que cualquier financiamiento externo, si se logra, será a un costo financiero elevado.

Apuesta por el endeudamiento interno

Las ‘Otras fuentes internas’, que históricamente han sido utilizadas
para cubrir déficits, también generan inquietudes. En el pasado,
este sector ha dependido principalmente de créditos directos del
Banco Central de Bolivia (BCB) al Tesoro General de la Nación (TGN).

La dominancia fiscal sobre la política monetaria limita la capacidad del BCB para estabilizar el valor de la moneda nacional, lo que aumenta la incertidumbre
cambiaria. “La inversión pública, presentada como un motor de crecimiento,
enfrenta limitaciones significativas. Su ejecución dependerá casi
exclusivamente de la disponibilidad de financiamiento externo, lo
que, en un contexto de restricciones financieras, ha resultado en
bajos niveles de ejecución en años anteriores. Si bien esto no necesariamente indica malas noticias, sí pone de manifiesto la falta de credibilidad de las metas presupuestarias fijadas en el PGE”, afirma el investigador de Populi.

Desde la perspectiva de Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, el PGE 2025 refleja una aceptación del Gobierno de la difícil situación económica que atraviesa el país.

Según Romero, la baja tasa de crecimiento, la alta inflación y el elevado déficit público son evidencia de que el Gobierno ha optado por aumentar el gasto. Al elevar el presupuesto en un 12% respecto al año anterior, se refuerza la idea
de que la administración apostará por el endeudamiento interno y buscará financiamiento externo en la medida de lo posible.

Mantienen subvención a hidrocarburos

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, ha confirmado que el PGE 2025 mantendrá la subvención a los combustibles importados, lo que representa una erogación significativa para el Estado. Actualmente, el Gobierno
destina $us 56 millones semanales a garantizar el subsidio.

Esta dependencia de las importaciones, donde se importa el 50% de la gasolina y el 86% del diésel consumido en el país, subraya la vulnerabilidad económica de Bolivia, indican los expertos.

Punto de Vista

"Un país pintado en tonos pastel"

Gonzalo Chávez Álvarez/Economista

!Aleluya! El Presupuesto General del Estado 2025 hizo su gloriosa aparición, y con él, la ilusión de un país pintado en tonos pastel. Pero, antes de sumergirnos en las fantasías oficiales, hagamos un ejercicio de cordura: ¿qué tal si evaluamos el 2024? Sí, ese año que prometió mucho y entregó… bueno, ya veremos.

Vamos por partes, como diría cierto célebre descuartizador. En este 2024, el PGE nos aseguró que creceríamos un robusto 3,72%. Spoiler: con mucha suerte, y si contamos las propinas, llegaremos al 2,5%. Sobre la inflación, proyectaron un bucólico 3,72%. Pero, a menos que los chefs del INE consigan otra receta mágica, superaremos cómodamente el 10%. ¡Todo un récord en la categoría “mejor improvisación estadística”!

¿Y el tipo de cambio? Nos vendieron un rango entre 6,86 y 6,96. Técnicamente, no mintieron: el dólar sigue fijo… pero desapareció. Hoy, su paradero más probable es el mercado paralelo, donde cotiza a Bs 12, convirtiéndose en el unicornio de nuestra economía.

El déficit fiscal, según el guion, sería del -9% del PIB. La realidad, menos optimista, lo empuja por encima del 10%, una cifra que no sorprende pero igual inquieta. ¿Y la inversión pública? Los mismos 4.000 millones de dólares que se anuncian con bombo y platillo cada año. Eso sí, ejecutados, probablemente, ni la mitad. Consistencia ante todo, ¿verdad?

Y ahora, con ese contexto tan alentador, llega el PGE 2025: otra oda a la negación y al escapismo creativo. Crecimiento del 3,5%, inflación del 7,5%, déficit fiscal del -9,2% y el tipo de cambio inmutable, mientras el dólar ya escala al Everest. Por último, la inversión pública, otra vez, mágicamente 4.000 millones. ¡Qué audacia! Sin duda, un presupuesto para soñadores con mucho cuero… y poco contacto con la realidad.

Punto de vista

"El PGE 2025 será financiado con un 41% de nueva deuda pública"
 Luis Fernando Romero Torrejón/ Pdte. Colegio Dptal. de Economistas de Tarija

Después de tanta reserva, se ha filtrado el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE 2025), donde se evidencia un PGE agregado por Bs 369.340 millones y un PGE consolidado por un monto de Bs 296.565 millones cuyas metas macroeconómicas son de un crecimiento económico del 3,51%, una inflación anual del 7,5%, un déficit fiscal del 9,2% del PIB y una inversión publica por $us 4.024 millones.

Si hacemos un análisis rápido de las metas de los PGE desde el 2021 a este por aprobarse del 2025 (5 gestiones), se observa que del próximo año tiene las metas proyectadas más altas en inflación y la más baja en crecimiento económico, inclusive el año 2021 (post pandemia) el crecimiento económico proyectado fue de 4,4%, inflación del 3,9%, sin embargo, su déficit fiscal programado (-9,7% del PIB) fue apenas un poco mayor al del próximo 2025.

El PGE consolidado 2025 creció en un 12% con respecto al 2024, a pesar de la situación de crisis financiera y económica que vive el sector público del país a corto y mediano plazo. Si hacemos un comparativa del 2010 al 2025, el PGE consolidado ha aumentado en un 180%, en los últimos 15 años, la tasa promedio de crecimiento del PGE fue del 7%, y en los últimos 5 año del 6%. Por lo que se hubiera esperado un incremento de esa cuantía, sin embargo, desde el 2015 no se observaba una suba (%) tan importante en nuestro presupuesto estatal. La sensatez y la responsabilidad económica apuntaba a que debería implementarse un PGE mesurado y austero, tal vez con una variación respecto al 2024 máxima del 5%, pero sucedió todo lo contrario, donde el mayor gasto publico seguirá siendo el sostén de este actual modelo económico ya desgastado.

Un dato llamativo es que el PGE consolidado 2025 representa el 95% del PIB nominal que logró Bolivia el año 2023. Si se cumple las estimaciones que nuestro crecimiento económico será para este 2024 menor al 2%, esta cifra podría ser mayor. Lo evidente es que en los últimos años, el PGE ha representado más del 80% del PIB nominal de nuestra economía, como tan cierto es que de estos PGE aproximadamente un 85% fue administrado y gastado por el gobierno central, denotando burocracia y centralismo económica y política.

Otro dato interesante, es que de los ingresos presupuestados dentro del PGE, la deuda publica representa el 41% de los mismos, es decir, la ejecución y cumplimiento del mismo dependerá mucho de este financiamiento, principalmente de la deuda interna, que representará el 80% del total de la nueva deuda pública a incurrir el 2025 por un monto total de $us. 17.580 millones, donde en teoría debería estar incluido los bonos soberanos que desea vender el próximo año el gobierno nacional por $us 3.000 millones.

En cuanto a los egresos presupuestados, el servicio de la deuda externa presupuestada para el 2025 será de $us 2.536 millones, un 6% del total del PGE consolidado. Cerca al 30% de los gastos corrientes del 2025 serán destinados al pago de sueldos y salarios, esto sin tomar en cuenta aportes a la seguridad social y beneficios sociales. La inversión pública será menos a la del 2024, para el próximo año se ha presupuestado $us. 4.024 millones, bajo una política cuya formula es menor inversión pública, menor déficit fiscal pero menor crecimiento económico.

En conclusión, las metas gubernamentales plasmadas en el PGE 2025 son una aceptación “sin decirlo” por parte del gobierno sobre la crisis económica que vive y vivirá el país a corto y mediano plazo. Son proyecciones poco optimistas, donde indican que nuestra economía crecerá menos, tendrá más inflación y sobre todo mayor gasto publico a pesar de una crisis multdimensional donde destacan lo económico y político, con claros resultados negativos y palpables como el desabastecimiento de carburante, escasez de dólares e inflación creciente. Aumenta el presupuesto y decrece la economía, algo contradictorio como se observa, lo mas sincero es decir que se aumentaran los gastos y se mantendrán sus políticas sociales, en un PGE mas pensado en lo político que en la salud económica del país, donde la meta clara son las elecciones nacionales del 2025.

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