Diputados opositores, ambientalistas e incluso productores son los principales actores que cuestionan la vigencia de la Ley 741, norma que es catalogada como "incendiaria" porque permite el desmonte sin ningún tipo de fiscalización en una extensión no mayor a 20 hectáreas. Pero, ¿qué dice concretamente esta iniciativa legislativa?

Si revisamos la norma, promulgada el 29 de septiembre de 2015, en su primer artículo se establece que permite el desmonte en áreas con cobertura boscosa para dar paso a sistemas productivos integrales que respeten el equilibrio ambiental. Las propiedades beneficiadas incluyen aquellas en proceso de saneamiento o ya tituladas, así como asentamientos con resoluciones de autorización.

Por su parte, el artículo 2 de dicha ley sostiene que su finalidad es ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario para garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria en el país, un asunto de vital importancia en tiempos de creciente demanda de recursos alimentarios.

Procedimiento Simplificado de Autorización

El tercer artículo señala que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) será responsable de otorgar las autorizaciones para el desmonte, que podrá realizarse sin la necesidad de presentar Planes de Ordenamiento Predial (POP) o Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra, como suele ser el caso en procesos más complejos.

Este cambio busca agilizar los trámites para que los pequeños productores puedan desarrollar sus actividades de forma rápida y sencilla.

Por otro lado, el cuarto artículo refiere a la exención del pago de patentes por el desmonte. Es decir, las pequeñas propiedades y las propiedades comunitarias o colectivas no tendrán que abonar ninguna tasa por el desmonte de hasta 20 hectáreas.

Esta medida tiene como objetivo incentivar el desarrollo productivo y evitar que los costos adicionales desincentiven el uso agrícola o pecuario de las tierras desmontadas.

¿Cuándo fue promulgada?

La norma fue promulgada en Montero el 29 de septiembre, por el entonces presidente Evo Morales, con el objetivo de favorecer la producción agrícola y ganadera.

“Vamos a fortalecer este sector productivo, como se acordó en la cumbre agropecuaria”, afirmó Morales al referirse a la cumbre "Sembrando Bolivia" que se celebró los días 21 y 22 de abril de ese año en la ciudad de Santa Cruz.

Según Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, la norma fue una demanda del sector intercultural de Santa Cruz y se asumió como un compromiso político por parte del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que lleva 17 años en el poder.

Colque sostiene que el gobierno está ignorando las causas estructurales de los incendios. Según el investigador, la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en nuevas comunidades, es uno de los principales factores que agravan el problema.

“Abrogar la Ley 741 no solucionaría todo, pero sería una gran señal política de que se está tomando en serio el problema”, subrayó.

No obstante, desde el oficialismo y los legisladores afines a Evo Morales, defienden la norma, argumentando que garantiza la producción de alimentos.

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