El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el martes que la exportación de gas natural cayó un 17,86% en términos de valor entre enero y mayo del presente año ($us 739 MM), comparado con el mismo periodo de 2023, cuando ingresaron al país $us 900 millones.

Esa caída arrastró los ingresos de la renta petrolera para las gobernaciones, pero con mayor severidad a los cuatro departamentos productores de hidrocarburos que, además del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH), Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD), perciben el 11% de regalías.

EL DEBER realizó consultas en las gobernaciones de los departamentos productores (Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba) y advirtió que a junio de la presente gestión los ingresos por hidrocarburos disminuyeron entre 20 y 30% con relación a lo presupuestado en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024.

Los sectores más perjudicados, según las afirmaciones de los secretarios de Hacienda o de Hidrocarburos, son salud, proyectos de infraestructura para los municipios, pueblos indígenas, electrificación y atención de emergencias como inundaciones, sequías e incendios.

En la Gobernación de Santa Cruz, el director de Hidrocarburos, Minas y Energías, Eduardo Ibáñez, explicó que la renta petrolera presupuestada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) a junio era de Bs 452 millones, pero la Gobernación solo recibió Bs 364 millones, un 19,6% menos.

En junio la entidad recibió Bs 55 millones por regalías, Bs 4 millones por IDH y Bs 2 millones por IEHD, un déficit de 19% con relación al presupuesto original. “Podemos inferir que si esto (las recaudaciones) sigue igual, vamos a terminar el año con menos 130 millones de bolivianos de déficit, porque la producción de gas no va a aumentar”, señaló Ibáñez.

Por su parte, el secretario de Hacienda de la Gobernación cruceña, Miguel Sorich, precisó que la renta petrolera representa un entre un 80 y un 90% de los ingresos de la entidad territorial autónoma y al 30 de junio se percibieron Bs 73 millones menos. 

“La situación es generalizada en las nueve gobernaciones del país, en algunas incluso es más complicada que en Santa Cruz, tomando en cuenta de que ni siquiera han podido cubrir sueldos y salarios, y no pueden hacer frente a sus compromisos, como en las alcaldías y universidades”, consideró.

En la Gobernación de Chuquisaca, el secretario de Hidrocarburos, Iván Reinaga, afirmó que la caída de la renta petrolera significó cerca de 27% entre el primer semestre de 2023 y el mismo periodo de 2024; es decir, bajó de Bs 180,40 millones a Bs 131,90 millones.

“Hay que recordar que Santa Cruz, por ejemplo, recibe regalías del campo Incahuasi, pero es más notorio para Chuquisaca y Tarija por por el campo de Margarita Huacaya, que ha tenido un bajón productivo más grande”, indicó.

Reinaga, quien también es presidente del Consejo de Departamentos Productores de Hidrocarburos de Bolivia (Codephi), señaló que se está trabajando una agenda con el Presidente Luis Arce -que se inició hace un par de semanas- para llegar a acuerdos como reprogramación de débitos y pagos de compromisos en los proyectos.

“También se están viendo temas como, por ejemplo, el pago del bono de vacunación que nos lo han pasado para que paguemos con recursos del IDH, también los prediarios que se paga a las cárceles mediante un decreto; se nos ha obligado a pagar los gastos de los títulos de bachiller, que supuestamente son gratuitos, y otros gastos como la Renta Dignidad”, señaló.

Reinaga agregó que el 87% de los ingresos del TGN lo administra el Gobierno central y solo el 7% transfiere a las gobernaciones, alcaldías y universidades.

Reducción 

El consultor de presupuestos públicos, Waldemar Peralta, consideró que la reducción de la renta petrolera para los departamentos del país, supera el 85%, si se compara con los mejores años de recaudaciones, entre 2014 y 2015.

“Las empresas estatales y el nivel central concentran casi el 88% de los ingresos del país y los más afectados son los que reciben solamente 12% que son las gobernaciones de los municipios y las universidades. Entonces tenemos ahí una una disyuntiva: o sacrificamos personal de salud, enfermeros, médicos, que son la primera línea de la defensa de de de la salud del Estado, o sacrificamos funcionarios de las empresas estatales deficitarias. Esa es la pregunta que está vinculada a la responsabilidad política”, planteó.

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