El Decreto Supremo 5199 que busca regular las Aplicaciones de Transporte de Pasajeros (ATP) en Bolivia, también refleja una intención de controlar y monitorear la recaudación impositiva generada por este sector en crecimiento, indicaron los analistas.

Según el artículo 4 de este decreto, los requisitos para el registro nacional de estas aplicaciones son: registro de comercio, Número de Identificación Tributaria (NIT), testimonio de poder de representante o representantes legales, razón social, domicilio legal constituido en el Estado boliviano y otros requisitos establecidos en reglamentación a ser emitida por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Por su parte, el plazo para el registro es de 60 días a partir de la emisión del decreto, miércoles 14 de agosto del presente año.

Mauricio Torrelio, asesor legal y financiero de startups, dijo que a través de esta normativa habría una intención de controlar la recaudación impositiva generada por este sector en crecimiento.

“La regulación, en teoría, busca proteger a los usuarios y conductores, asegurando que las aplicaciones cumplan con requisitos de seguridad y responsabilidad. Pero la realidad es que se pretende evitar la evasión fiscal y promover un entorno competitivo justo para todas las empresas que operan en el sector del transporte”.

Sobre la situación impositiva de estas aplicaciones, Torrelio dijo que este es un “tema complejo” porque muchas de estas estas operan de manera transnacional y no siempre se cumplen con las obligaciones fiscales locales.

“El Estado, a través de este decreto, busca cerrar esas brechas y asegurarse de que todas las aplicaciones que operen en el país contribuyan con el pago de impuestos. La inclusión del Número de Identificación Tributaria (NIT) como requisito es un claro indicador de que el gobierno tiene la intención de controlar y monitorear las obligaciones fiscales de estas plataformas”, agregó.

En tanto, el economista Jaime Dunn manifestó que se debe tener cuidado con este decreto supremo porque si la intención es cobrar impuestos, estos costos podrían pasar directamente al consumidor.

“Además, hay que tener mucho cuidado con estas regulaciones porque a veces la motivación es eliminar a estas aplicaciones como competencia porque hay intereses por parte de ciertos sindicatos y grupos de transportistas”.

Por su parte, el economista Martín Montero dijo que está convencido que “está intervención” busca limitar la competencia y también podría encarecer el servicio disminuyendo su competitividad. “El mismo ministro (Edgar Montaño) dijo que el decreto fue lanzado a pedido de las confederaciones. En síntesis, es una intervención para mantener los intereses de los que ya están establecidos y que adicionalmente son afines al Gobierno”.

A través de un comunicado, la aplicación Yango indicó que siempre se han adherido a las leyes y regulaciones vigentes en Bolivia, y continuaremos haciéndolo. “Estamos comprometidos a proporcionar servicios seguros y confiables a nuestros usuarios, respetando plenamente el marco legal”, dice el documento.

Agregaron que con respecto al reciente decreto, se encuentran estudiando a fondo sus requisitos. “Una vez que tengamos una comprensión más profunda, responderemos en consecuencia y nos aseguraremos de que nuestras operaciones continúen alineándose con las leyes bolivianas”.

Finalmente, indicaron que creen que es importante que todos los actores de la industria participen en la creación de las regulaciones secundarias junto con las autoridades. “Esta participación y esfuerzo conjunto ayudarán a garantizar que el marco regulatorio sea tanto efectivo como práctico”.

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