Una de las exigencias que contiene el pliego petitorio de la marcha indígena que partió el 19 de septiembre del municipio de Pailón y que llegó el 23 a la capital cruceña es el cese a la persecución judicial hacia sus dirigentes y caciques chiquitanos de diferentes comunidades. Los marchistas apuntan al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como el brazo operativo del Gobierno para encarar estos procesos penales y de esta manera beneficiar a interculturales al asentarlos sobre tierras que ocupan los comunarios originarios de la zona.
Williams Rioja, representante de la Federación de Trabajadores Campesinos y uno de los líderes que encabezó la caminata Chiquitana indígena, relató a EL DEBER desde la plaza 24 de Septiembre que son al menos 10 caciques que fueron denunciados desde 2021 hasta la fecha por el INRA por los delitos de avasallamiento, debido a que sus dirigentes han defendido su territorio ante los avasallamientos por parte de colonos.
“El Gobierno no ha cumplido el acuerdo con nosotros donde el mismo alcalde Jhonny Fernández fue garante, está su firma. Ahora, el INRA nos está anulando las resoluciones de asentamiento y está poniendo a gente desconocida por encima de nuestras comunidades que son originarios. El INRA tras que ve a los dirigentes manifestarse busca llevarlos a Palmasola”, cuestionó Rioja.
Según el dirigente, estos avasallamientos perpetrados entre 80 a 100 personas provenientes del occidente se suscitaron en las provincias Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch, Chiquitos, Concepción, donde las comunidades más afectadas fueron Villa Primero de Mayo, La Gaiba, El Arenal y 26 de Febrero, varios de ellos ubicados en el municipio de San José de Chiquitos.
Percy Poiquí, de 46 años, es uno de los procesados más antiguos del grupo de 10 caciques, desde 2018. El dirigente, acusado por avasallamiento, recordó que el grupo de ocupantes ilegales, al llegar a las comunidades mencionadas, mostraban resoluciones de asentamiento otorgadas por el INRA y con permiso de desmonte para así sacar a la fuerza a los originarios que vivían en las comunidades mencionadas desde hace 30 años y apoderarse de todo lo construido.
“Nosotros tenemos casas, personería jurídica, resolución del mismo INRA, pozos artesianos, bombas de aguas, tanque para la comunidad, maquinarias y ahora ellos se adueñaron de todo. Ellos tienen también sus maquinarias, han arruinado nuestras plantaciones y para eso la justicia no actúa”, dijo Poiquí.
La audiencia de medidas cautelares de los 10 caciques chiquitanos debía llevarse a cabo el lunes 30 de septiembre, sin embargo, fue reprogramada para el 16 de octubre en el municipio de San José de Chiquitos, debido a que la juez presentó un problema de salud.
Poiquí agregó que la denuncia es impulsada por la actual directora del INRA, Magdalena Panduro. Los anteriores procesos fueron iniciados por exdirectores de dicha entidad como Sergio Maná y Adalberto Flores.
“Todo esto es por defender nuestras tierras. Es imposible que los propios dueños avasallen su propia casa porque estas tierras nos corresponden por ley y derecho”, indicó.
Este medio de comunicación intentó conversar con la directora del INRA para que se refiera al tema, empero, no fue posible porque se encontraba en reunión.
El defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, dijo a EL DEBER que mediante la delegación departamental Defensorial de Santa Cruz,
tomaron contacto con los marchistas indígenas que están apostados en los alrededores de la Brigada Parlamentaria Cruceña.
Indicó que ya se están realizando las gestiones para acercar el pliego petitorio de 8 puntos a las autoridades correspondientes.
Callizaya llegó a Santa Cruz junto a una misión defensorial para visitar los municipios cruceños de Concepción y Urubichá, cuya población y biodiversidad está afectada por los incendios forestales.
En esa línea, el defensor del Pueblo reveló que, a través la presidenta de la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC) de la TCO Monteverde de la Nación Chiquitana, Margarita Cambará, hasta la segunda semana de septiembre, las comunidades Palestina, Santa Mónica, Río Blanco y 16 de Julio, habrían sido desplazadas a la localidad de Concepción huyendo de los incendios y para tener refugio.
Los gobiernos municipales ya no tienen recursos y aguardan que el apoyo llegue del nivel central. En Concepción hay comunidades amenazadas por el fuego. El Gobierno asegura que se han atendido las emergencias desde hace cuatro meses