La reciente tragedia en Bajo Llojeta, donde una mazamorra devastó más de 40 viviendas y cobró la vida de una niña de cinco años, ha puesto en evidencia las profundas deficiencias en la planificación urbana y la gestión territorial en La Paz. Este desastre no solo refleja la vulnerabilidad de ciertas zonas ante fenómenos naturales, sino también la falta de coordinación entre municipios y la proliferación de construcciones ilegales que ponen en riesgo la vida de sus habitantes.

Tras el deslizamiento, la Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación de oficio por los delitos de estragos y peligro de estragos con agravante, debido al fallecimiento de la menor. El fiscal departamental, Luis Carlos Tórrez, anunció que se convocará a declarar a los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Achocalla, Manuel Condori, para esclarecer las responsabilidades en este lamentable suceso.

La empresa inmobiliaria Kantutani S.A., propietaria del Cementerio Los Andes, negó su responsabilidad en el deslizamiento, atribuyendo el desastre al taponamiento del embovedado del río Pasajahuira, cuya gestión corresponde a la Alcaldía de La Paz.

Esta situación evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva que determine las causas y responsabilidades, y que siente precedentes para evitar futuros desastres.

La tragedia ha sacado a la luz la falta de coordinación entre los municipios de La Paz y Achocalla. Según declaraciones del alcalde Iván Arias, las obras que provocaron el deslizamiento fueron autorizadas por la Alcaldía de Achocalla, sin una adecuada coordinación con La Paz. Esta desarticulación entre municipios vecinos dificulta la implementación de políticas urbanas coherentes y aumenta la vulnerabilidad en la que viven los vecinos.

La proliferación de construcciones ilegales en áreas de riesgo es otro factor crítico. La Alcaldía de La Paz ha identificado más de 30.000 edificaciones fuera de norma, muchas de las cuales carecen de registro catastral y se encuentran en zonas propensas a deslizamientos.

Estas construcciones, al no cumplir con los estándares de seguridad y planificación, ponen en peligro la vida de sus ocupantes y complican las labores de rescate y mitigación en casos de desastre.

Los testimonios de los residentes de Bajo Llojeta son desgarradores. Muchos relatan cómo el lodo ingresó rápidamente a sus hogares, dejándolos atrapados y sin posibilidad de rescate inmediato. Una madre narró cómo perdió a su hija en medio del caos, mientras otros vecinos describen cómo el barro les llegaba hasta el cuello, obligándolos a trepar a los techos para salvar sus vidas.

La tragedia de Bajo Llojeta debe servir como un llamado de atención urgente para las autoridades y la sociedad en general. Es imperativo fortalecer la planificación urbana, mejorar la coordinación intermunicipal y combatir las construcciones ilegales que ponen en riesgo a las personas. Solo a través de acciones concretas y una gestión responsable del territorio se podrán prevenir futuros desastres y garantizar la seguridad de los habitantes de La Paz.