Los últimos 11 días de bloqueos en Bolivia han puesto de manifiesto una crisis profunda que no solo afecta la movilidad y la economía, sino que también amenaza la estabilidad social y el bienestar de millones de ciudadanos.

La situación se ha tornado alarmante, con escasez de alimentos y medicinas en hospitales, un hecho que ha sido reportado en diversas regiones del país. La Defensoría del Pueblo ha señalado la creciente judicialización de la protesta, exigiendo que el Ministerio Público intervenga para investigar los hechos y salvaguardar el derecho a la protesta pacífica.

Sin embargo, esta crisis va más allá de las demandas inmediatas de los bloqueadores; revela un sistema que se encuentra en el límite, donde la falta de diálogo y la inacción del Gobierno amplifican la desesperación de la población.

La escasez de alimentos, que ya se siente en varias regiones, es un llamado de atención sobre la fragilidad de nuestra cadena de suministro. La situación es especialmente crítica en Cochabamba, donde se anticipa un desastre humanitario si no se toman medidas urgentes. La inacción del Gobierno de Luis Arce no solo ha provocado descontento, sino que también ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad del Estado para garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos. La falta de acceso a alimentos y atención médica adecuada no es solo un problema logístico; es una cuestión de dignidad humana.

A medida que los días de bloqueos se acumulan, también lo hace el repudio ciudadano hacia estas acciones. La población está cansada de la protesta que interrumpe su vida diaria y pone en riesgo su salud y seguridad. La violencia ha escalado, y la Policía ha sido blanco de ataques armados al intentar desactivar el cierre de vías. Esto no solo es un indicativo de la polarización social, sino también de la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades. La escalada de la violencia y la falta de diálogo constructivo solo perpetúan el ciclo de confrontación y sufrimiento.

Asimismo, preocupa la advertencia de los dirigentes del trópico de Cochabamba, que aseguran que no saldrán de la lucha ante la intervención del Gobierno, es un claro indicativo de que la falta de atención a las demandas sociales puede llevar a un conflicto aún mayor. La historia nos ha enseñado que la violencia y la represión solo exacerban las tensiones y no resuelven los problemas subyacentes. Es imperativo que el Gobierno de Arce tome medidas concretas para abrir espacios de diálogo genuino y abordar las causas profundas de la insatisfacción de la población.

En este contexto, la responsabilidad recae no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en todos los actores sociales y políticos del país. Es hora de dejar de lado las agendas personales y trabajar hacia una Bolivia más unida, donde el bienestar de la población sea la prioridad. La crisis actual es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro futuro y construir un país donde el diálogo y la cooperación sean la norma, no la excepción. La sociedad dejó de ser ingenua y denuncia que la crisis política y social solo responde a apetitos personales. La estabilidad y el bienestar de Bolivia dependen de nuestra capacidad para escuchar y responder a las necesidades de todos los ciudadanos, sin distinción.