La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca presenta una nueva oportunidad para que el país pueda restablecer las relaciones diplomáticas interrumpidas en 2008 y así tener un mejor perfil para futuros acuerdos comerciales con este país, que tiene un mercado gigante.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), considera que la nueva administración republicana, si bien maneja un discurso firme en cuanto a los temas económicos, también brindará oportunidades económicas.

“Para ello es fundamental que el país trabaje en la parte diplomática (política), pues la diplomacia es el paso fundamental para el comercio”, indicó Rodríguez.

Puntualizó que en el caso boliviano es medular lograr la reactivación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), un acuerdo comercial que permite a los países desarrollados otorgar un trato arancelario preferencial a los productos de países en de desarrollo.

En el caso de Estados Unidos (EEUU), el SGP ofrece un tratamiento de exención de aranceles a aproximadamente 3.400 productos que pueden ser exportados de Bolivia hacia el mercado estadounidense.

“Por eso es importante superar el inconveniente generado en 2008, cuando el Gobierno de Evo Morales expulso a, Philip Goldberg, embajador estadounidense. Ya han pasado dos administraciones y el tema diplomático debe ser solucionado para tener la posibilidad de reactivar el SGP”, sostuvo Rodríguez.

Para el diplomático Javier Viscarra, la administración de Luis Arce es consciente de que “cualquier plan serio para estabilizar la economía, tras años de políticas fallidas, deberá mirar hacia occidente, hacia esas instituciones financieras globales como el FMI y el Banco Mundial. Pues por ahora, el grupo BRICS no tiene la capacidad institucional para reemplazarlas”.

Viscarra recordó que con los demócratas, Barak Obama y Joe Biden, la relación con EEUU fue una constante mezcla de paciencia y diplomacia calculada.

“A lo largo de estos gobiernos, Bolivia fue observada con una actitud de tolerancia, pese a los constantes gestos antiimperialistas de los líderes del MAS”, indicó el diplomático.

A tiempo de puntualizar que ya en el poder, es poco probable que la administración de Donald Trump busque una colaboración profunda con países que presentan democracias frágiles, con instituciones cuestionadas y una criticada imagen de presos políticos, como ocurre en Bolivia.

Se debe recordar que “Trump apeló en su campaña a una economía más proteccionista y, en este escenario para Bolivia, puede significar desde nuevas tensiones bilaterales hasta una oportunidad de redefinir la relación diplomácia”, puntualizó Viscarra.

Qué puede pasar en la región

El politólogo Eduardo Gamarra considera que el triunfo de Trump, genera un impacto significativo en la comunidad internacional y que su llegada al poder se explica por la percepción pública de un mal manejo de la economía bajo la administración de Biden.

“La crisis inflacionaria y el alto costo de vida se han convertido en puntos críticos, y los republicanos han aprovechado esta situación para señalar a los demócratas como responsables”, explicó Gamarra.

En este contexto considera que el enfoque económico de Trump en Latinoamérica se centrará en los intereses estratégicos de Estados Unidos, abandonando en gran medida el multilateralismo.

“Se espera que la política exterior de Trump se distancie de la promoción de la democracia y se enfoque más en la seguridad y las relaciones bilaterales. Temas como la migración y el narcotráfico serán cruciales y países como México podrían enfrentar sanciones, si no colaboran en detener las caravanas migratorias hacia el norte”, señaló.

La administración de Arce tiene un mayor acercamiento con los países que EEUU considera “poco amigables” y que no gozan de buena aceptación /Foto: APG Noticias

En cuanto a Bolivia, Gamarra sugiere que el nuevo Gobierno estadounidense prestará más atención a la estabilidad y el control de actividades ilícitas en la región.

Mientras que el comercio internacional puede llevar a una reconfiguración de las relaciones comerciales.

Trump ha prometido imponer aranceles a China y a otros países que no sigan el liderazgo estadounidense; esto de acuerdo con Gamarra podría beneficiar a América Latina si se convierte en un centro de manufactura para el mercado estadounidense, aunque la era de acuerdos de libre comercio parece haber terminado.

“América Latina podría jugar un rol en esta política proteccionista, siempre y cuando se alinee con los intereses comerciales y de seguridad de Estados Unidos”, observó Gamarra.

Alan McPherson, un experto de la Universidad de Temple en las relaciones de Washington con Latinoamérica, considera que la presencia de Marco Rubio, como secretario de Estado, supone una mirada particular y más firme con algunos países de Latinoamérica.

Por ejemplo, al gobierno de Venezuela lo llamó “la narco-dictadura de Maduro”. Al de Cuba, un “régimen criminal” que es “enemigo de Estados Unidos”. Y definió a Nicaragua como “un centro de migración masiva ilegal”.

Su interés en la política latinoamericana y su constante repulsión hacia los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua hace que algunos analistas vean su nombramiento como una señal de mayor atención de EEUU hacia la región, que está lejos de sus prioridades desde hace tiempo.

Sin embargo, McPherson cree que la presencia de Rubio se debe “en gran medida a que es un halcón en cuestiones no latinoamericanas como China e Irán”.

“No creo que se preste mucha más atención a América Latina simplemente por su presencia en el gabinete”, precisó McPherson a BBC Mundo.

Desde su entrada a la Cámara alta en 2011, Rubio defendió causas conservadoras como la oposición a la normalización de las relaciones con La Habana impulsada por el gobierno del demócrata Barack Obama (2009-2017).

Distintos expertos esperan que mantenga esa línea dura como jefe de Estado, aunque otros señalaron tras las elección de Trump la posibilidad de que su gobierno cambie ante Venezuela y explore acuerdos en áreas como la migración para evitar una nueva oleada de expatriados de ese país en el continente.

Cynthia Arnson, miembro del Wilson Center, un centro de análisis en Washington DC, cree que el segundo gobierno de Trump volverá a “imponer sanciones para castigar a los autócratas de izquierda por su mal comportamiento, sin considerar el impacto sobre la población civil”.

“Lo más probable es que la administración Trump vuelva a aplicar sanciones petroleras generales contra Venezuela, incluidas sanciones secundarias a empresas como Repsol y Eni y a países como India que hacen negocios PDVSA”, remarcó Arnson.

También cree posible que se intente expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de América Central (Cafta, por sus siglas en inglés), para negarle al gobierno de Daniel Ortega acceso al mercado de EEUU, destino principal de las exportaciones del país.

“Las consecuencias secundarias de eso son importantes: dejar sin trabajo a cientos de miles de personas en el sector textil y otros, aumentar las presiones migratorias en la vecina Costa Rica, así como en la frontera sur de EEUU”, indicó Arnson.

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